Suecia exigirá un sueldo de 3.300 euros a los trabajadores extranjeros para no ser expulsados a partir de verano

El gobierno sueco, presidido por Ulf Kristersson y con el respaldo parlamentario de los Demócratas Suecos, ha aprobado un nuevo endurecimiento de su política migratoria que entrará en vigor el próximo verano. A partir de entonces, cualquier persona extranjera que quiera mantener o conseguir un permiso de residencia por trabajo deberá acreditar un salario mensual mínimo de 33.000 coronas suecas, equivalentes a unos 3.300 euros. La medida supone un incremento respecto al umbral anterior, que rondaba los 3.000 euros, y responde a la estrategia gubernamental de reducir a las personas migrantes consideradas "de baja productividad" y atraer únicamente lo que ellos denominan "mano de obra cualificada", según ha justificado el ministro de Migración, Johan Forssell.

El nuevo listón salarial dejará fuera a miles de trabajadores extranjeros empleados en sectores con salarios más bajos, que además resultan esenciales para el funcionamiento de la propia economía capitalista del país, como son el sector de los cuidados o los servicios. Además, afectará de forma particular a jóvenes que han crecido en Suecia pero que, al alcanzar la mayoría de edad, pasan a estar sujetos a normativas más restrictivas. Medios como Aftonbladet han documentado casos de adolescentes que cursaban formación profesional o estudios universitarios y han recibido órdenes de deportación. En octubre pasado, Darya (24) y Donya (20), residentes en Gotemburgo durante siete años, fueron deportadas a Irán tras abandonar sus estudios de enfermería, según publicó el diario Taz.

Según recuerda el Huffington Post, la polémica por las consecuencias de estas políticas migratorias se intensificó tras conocerse el caso de Emanuel, un bebé de ocho meses que recibió una carta de la Agencia de Migración comunicando su deportación a Irán, a pesar de que sus padres viven y trabajan legalmente en Suecia. El primer ministro Kristersson calificó el caso de "muy, muy extraño" en declaraciones a Sveriges Radio y aseguró que "no deportamos a niños pequeños sin sus padres". Sin embargo, el episodio ha evidenciado la creciente complejidad legal y operativa derivada de sucesivas reformas, como la eliminación desde abril de 2025 del llamado "cambio de estatus", que permitía a solicitantes de asilo rechazados pasar a la migración laboral si ya trabajaban en el país.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos y sectores de la oposición política han denunciado el endurecimiento en política migratoria. El Centro Sueco de Derecho de Asilo sostiene que "no se trata de una sola ley", sino de la suma de reformas que han endurecido las exigencias económicas y eliminado cláusulas de protección. El politólogo Ludvig Beckman, profesor en la Universidad de Estocolmo, dimitió del consejo de ética de la Agencia de Migración en señal de protesta. En el Riksdag, los partidos Verdes, de Izquierda y de Centro han presentado una iniciativa para elevar a 21 años la edad a partir de la cual los vínculos familiares dejan de ser determinantes, mientras que los socialdemócratas reclaman una congelación temporal de las deportaciones. Para los críticos, se trata del precio político a pagar en el pacto de Gobierno con la ultraderecha para mantener al Ejecutivo liderado por Kristersson.