Polonia ha completado este viernes su salida de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona, según informa la agencia EFE. La denuncia formal fue notificada a Naciones Unidas en agosto de 2025 y entra en vigor tras cumplirse el plazo de seis meses preceptivo. A partir de ahora, Varsovia podrá fabricar, almacenar y desplegar este tipo de armamento en su territorio, especialmente en las fronteras con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, en el marco del proyecto militar "Escudo del Este".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, defendió el jueves la decisión durante una visita a un campo de entrenamiento militar, donde subrayó que Polonia necesita "todas las herramientas disponibles" para garantizar su seguridad. Tusk explicó que el "Escudo del Este", una iniciativa valorada en unos 2.300 millones de euros que se extiende a lo largo de 700 kilómetros, permitirá minar la frontera "en apenas 48 horas" en caso de "amenaza inminente", con la guerra Ucrania y a las "guerras híbridas" en la región como telón de fondo.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, justificó la medida como "un equilibrio militar frente a Rusia", que emplea masivamente minas en Ucrania, convertido ya en "el país más minado del mundo", según el gobierno ucraniano. Polonia promete que las nuevas minas se diseñarán para "uso estrictamente militar", "con mecanismos de autodestrucción" y "mapas precisos de los campos minados". Varsovia se suma así a Finlandia y a los tres países bálticos, que también abandonaron el acuerdo y construyen una barrera defensiva desde el Báltico hasta el Ártico.

Organizaciones humanitarias y sectores de la oposición han criticado la medida por considerar que aumenta el riesgo para civiles y personas migrantes que atraviesan clandestinamente la frontera desde Bielorrusia. Mientras el gobierno polaco prioriza el rearme, las consecuencias humanitarias de sembrar explosivos en sus propias fronteras quedan en segundo plano, en una escalada armamentística que normaliza el uso de armas prohibidas internacionalmente por su impacto indiscriminado sobre la población civil.