Más de 3 millones de casas y pisos vacíos en el Estado español

El Estado español acumula casi cuatro millones de viviendas vacías mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la población, según el CIS. El país vive lo que el presidente del gobierno ya reconoce como "emergencia habitacional" . Sin embargo, Pedro Sánchez no parece tener tanta emergencia a la hora de actualizar el censo de viviendas vacías, una base estadística imprescindible para diseñar políticas de vivienda. La única cifra oficial la publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Censo de Población y Viviendas de 2021, y situaba las viviendas vacías en 3.837.328, hasta un 14,4% sobre el total del parque inmobiliario. El dato se obtiene a partir del consumo eléctrico: una vivienda se considera vacía cuando no registra consumo a lo largo del año precedente.

La paradoja tiene una explicación territorial: el 30,6% de estas casas desocupadas se concentra en municipios de hasta 10.000 habitantes, en zonas de la llamada "España vaciada" como Galiza, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Sin embargo, esto tampoco lo explica todo, ya que las grandes ciudades de más de 250.000 habitantes, donde la demanda es más intensa, siguen reuniendo hasta el 10,5% del total de viviendas vacías. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, suman algo más de 400.000. Por lo demás, es esperable que el otro 58,9% se encuentre en localidades de un rango intermedio.

Los motivos por los que estas casas permanecen cerradas son diversos. Según un estudio de Fotocasa Research, la razón principal es que muchas no están en condiciones de ser habitadas y requieren reformas que sus propietarios no pueden afrontar. La segunda causa más habitual son las herencias: los herederos no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los inmuebles. También influye el "miedo" de los propietarios a inquilinos con dificultades para pagar el alquiler y la percepción subjetiva de los rentistas de "inseguridad jurídica" ante la dificultad para desahuciar en caso de impago.

Desde el movimiento de vivienda reclaman políticas de expropiación y medidas contra la especulación para poner esas viviendas en alquiler social. La ley de vivienda de 2023 incluye recargos teóricos en el IBI de hasta el 150% para inmuebles desocupados, pero su aplicación depende de los ayuntamientos y varias comunidades que no la están aplicando. El problema añadido es la falta de datos fiables y actualizados: el censo de 2021 es el único disponible y el INE ya trabaja en el de 2026, que permitirá conocer la evolución del fenómeno con mayor detalle . Sin información precisa sobre dónde están y en qué estado se encuentran, las políticas públicas para movilizar estas viviendas y aliviar la emergencia habitacional avanzan a ciegas o brillan por su ausencia. Mientras tanto, acudimos a una de las grandes contradicciones del capitalismo: millones de casas permanecen cerradas y millones de familias no pueden acceder a una.