El Ministerio del Interior del Gobierno español ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós, el militante CCOO malagueño de 18 años asesinado por un disparo de la policía militar el 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación por la autonomía plena andaluza, según ha publicado elDiario.es. En una carta dirigida a sus hermanas Dolores, Francisca y Purificación, la directora general de "Apoyo a las Víctimas del Terrorismo", Montserrat Torija, reconoce que "lamentablemente (...) un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparrós causándole la muerte". Sin embargo, la resolución concluye que esos hechos "no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011".

La carta de Interior, si bien califica los hechos de "gravedad extrema" y "execrables", argumenta que el "cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos"; es decir, que la policía franquista que disparó contra García Caparrós aquel 4 de diciembre de 1977 "cumplía con su deber". El reconocimiento como "víctima del terrorismo" habría equiparado a Caparrós con las víctimas de organizaciones armadas no estatales y paraestatales, y le habría concedido derecho a prestaciones económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales. La familia, que cuenta con el respaldo formal de todos los grupos del Parlamento andaluz excepto Vox, dispone ahora de un mes para presentar un recurso de alzada por la vía administrativa.

García Caparrós es oficialmente Hijo Predilecto de Andalucía, título concedido a título póstumo por la Junta. Su asesinato, que sucedió cuando un millón de andaluces se manifestaban por la autonomía plena, ha sido recordado cada año por diferentes fuerzas políticas de izquierdas "como el primer episodio del proceso autonomista". Esta vez, la decisión de Interior llega a pocos días del 28 de febrero, día de Andalucía, que conmemora el autogobierno consolidado en el Estatuto de 1981.

Las hermanas de Caparrós tuvieron que esperar casi 50 años para poder acceder al expediente desclasificado del asesinato de su hermano en el Congreso. Lo hicieron el noviembre pasado, después de que la Mesa de la Cámara aprobara por unanimidad permitirles la consulta personal del archivo "sin anonimizar". Sin embargo, la solicitud de reconocimiento como víctima del terrorismo, presentada por primera vez en 2007 y reactivada en diciembre, ha sido ahora desestimada. La carta de Interior admite que la recopilación de información sobre el expediente de 2007 "se ha demorado" y ofrece "disculpas por la demora", pero concluye que "la ley exige para conceder las ayudas que exista sentencia firme o diligencias judiciales abiertas", requisitos que "no concurren" en un caso donde, como viene siendo habitual cuando los responsables son policías, los autores nunca fueron procesados. La negativa, a las puertas del 28F, vuelve a cerrar la puerta a tomar medidas de reparación mínimas con las víctimas mortales de la represión, que se cifran en unas 200 entre 1975 y 1982.