EE.UU. impide que Venezuela pague la defensa de Maduro
El Departamento del Tesoro autorizó y luego revocó la licencia sin explicación para que Caracas costee los honorarios legales de su presidente, vulnerando el derecho a la defensa en un juicio político en un tribunal estadounidense.
El gobierno de los Estados Unidos de América está impidiendo que la República Bolivariana de Venezuela pague la defensa legal de su presidente, Nicolás Maduro, secuestrado ilegalmente en medio de una operación militar en enero y llevado por la fuerza a Nueva York para ser sometido a un juicio político en un tribunal federal estadounidense, según se desprende de una carta de su abogado Barry Pollack presentada ante el tribunal. El letrado denuncia que el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), concedió inicialmente el pasado 9 de enero una licencia tanto a Maduro como a su esposa, la "primera combatiente" Cilia Flores, para que el gobierno venezolano pudiera costear sus honorarios. Sin embargo, menos de tres horas después, la administración Trump modificó la autorización concedida a Maduro y revocó el permiso para recibir fondos del Estado venezolano, según el escrito fechado el 20 de febrero y recogido por Politico. La licencia de Flores, en cambio, no fue modificada.
Varias semanas después, la defensa de Maduro solicitó a la OFAC que reinstaurara la licencia, argumentando que "el gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro, el señor Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga, y el señor Maduro no puede costearse un abogado de otro modo". La oficina, sin embargo, no ha respondido a la petición. Pollack advierte que si la administración Trump no rectifica, podría verse obligado a pedir la intervención del tribunal, ya que esta situación vulnera el derecho a la defensa garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense en uno de los procesos penales más mediáticos del país.
Maduro y Flores fueron secuestrados a principios de enero en una operación militar nocturna que se saldó con 32 guardias cubanos asesinados y el presidente venezolano y su mujer deportados a Estados Unidos, donde la fiscalía de Manhattan les imputó "cargos por conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos". Maduro enfrenta además un cargo adicional de "conspiración por narcoterrorismo". Ambos se declararon inocentes de todos los cargos. El presidente venezolano permanece recluido en un centro de detención de Nueva York a la espera de juicio, con una próxima audiencia fijada para el 17 de marzo.
La decisión del Tesoro de bloquear los fondos para la defensa de Maduro, mientras mantiene la autorización para su esposa, supone un obstáculo adicional para garantizar un juicio con las mínimas garantías procesales. El gobierno venezolano tiene la obligación legal de costear la defensa de su presidente, pero las sanciones impuestas por Washington impiden cualquier transacción financiera que no cuente con un permiso expreso de la OFAC. La actuación unilateral de EE.UU. vuelven a señalar la naturaleza política del proceso, en el que el derecho a la defensa queda supeditado a decisiones discrecionales de la administración Trump.
