La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este miércoles a 76 años y tres meses de prisión a los hermanos João Francisco "Chiquinho" Brazão, exdiputado federal, y Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, como responsables del asesinato de la concejala Marielle Franco (Partido Socialismo e Liberdade) y su chófer Anderson Gomes, cometido en marzo de 2018.

Los magistrados también impusieron una pena de 56 años de cárcel al expolicía Ronald Paulo Alves por monitorear los pasos de la política, 18 años al exjefe de la Policía Civil Rivaldo Barbosa por obstrucción de la investigación y corrupción, y 9 años al asesor Robson Calixto Fonseca por integración en el grupo paramilitar, según informa Folha de São Paulo. La decisión fue unánime y seguía el voto del relator, Alexandre de Moraes, acompañado por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino.

"Una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos"

El tribunal consideró acreditado que los Brazão lideraban una organización paramilitar que actuaba en la zona oeste de Río de Janeiro y que ordenaron el crimen para eliminar a Marielle, que obstaculizaba sus negocios inmobiliarios ilegales basados en la compraventa de tierras. Moraes subrayó que el crimen tuvo "connotación racista y misógina" contra una "mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos". El magistrado señaló que los mandantes pensaron que "no habría gran repercusión", pero esta vez se equivocaron. La disputa se remonta a 2008, cuando Marielle colaboró en la investigación contra las milicias de los Brazão dirigida por el entonces diputado Marcelo Freixo.

Un policía a sueldo del crimen organizado, condenado

La condena se basa en gran medida en la delación premiada del expolicía Ronnie Lessa, autor material de los disparos, quien confesó que recibiría como pago la autorización para explotar una parcela de tierra valorada en hasta 25 millones de reales. Las defensas de los condenados niegan las acusaciones y cuestionan "la falta de pruebas independientes que corroboren los relatos de Lessa", así como "la inexistencia de registros de contactos entre los hermanos y el exjefe policial Rivaldo Barbosa". Barbosa, según la acusación, fue consultado antes del crimen y orientó para que el ataque no ocurriera en las inmediaciones de la Cámara Municipal, aunque Moraes consideró que si bien no hay pruebas de su participación directa en el homicidio, sí de que recibía sobornos y obstruyó las pesquisas.

"Un punto de inflexión contra la impunidad"

Familiares y amigos de Marielle, como su hermana y ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y su madre, Marinete da Silva, siguieron el juicio en Brasilia y celebraron la sentencia como un "día histórico". "Creo que nada fue en vano. Hoy salimos de aquí con el corazón reconfortado", declaró Da Silva ante EFE. Amnistía Internacional había señalado antes del fallo que el proceso debía marcar "un punto de inflexión contra la impunidad". El caso, que conmocionó a Brasil, solo avanzó después de que en febrero de 2023 el presidente Lula da Silva ordenara a la Policía Federal asumir unas investigaciones que durante años se habían mantenido estancadas, en parte por la actuación del propio Barbosa. El tribunal determinó además la pérdida de los cargos públicos de los acusados y una indemnización de siete millones de reales (1,1 millones de euros) para las familias de las víctimas y la asesora Fernanda Chaves, que sobrevivió al atentado.