La Justicia italiana investiga la "desaparición" de cerca de 2.500 piezas de aviones militares de la base aérea de Brindisi, en el sur del país, entre 2021 y 2023, según revela el diario La Repubblica en una información recogida por Le Parisien. Los componentes sustraídos pertenecen a cazabombarderos Tornado y AMX, así como a aviones de transporte táctico C-130, y su precio total asciende a 17 millones de euros. Las piezas llegaron a la base pero desaparecieron de los registros sin dejar rastro: "Es como si todo hubiera sido borrado", describe La Repubblica sobre el vacío documental con el que han dado los investigadores.

La fiscalía de Roma y la fiscalía militar han imputado a una docena de responsables, entre ellos miembros de la logística del Ejército del Aire y directivos de la multinacional estadounidense GeAvio, la empresa encargada del mantenimiento de los aviones de combate. Los acusados están señalados por presunto desvío de fondos y organización de una red de reventa de estos componentes durante casi dos años, con destino a Sudamérica, especialmente a Brasil. Las autoridades tratan ahora de determinar si las piezas robadas estaban operativas o fuera de servicio, un factor decisivo para medir la gravedad del delito, ya que organizar un mercado paralelo con componentes funcionales supondría un agravante sustancial.

El escándalo salpica directamente a la cúpula militar italiana y a una de las mayores contratistas militares estadounidenses. GeAvio, que opera en la base de Brindisi como proveedora de mantenimiento, está siendo investigada por su presunta implicación en la trama. La investigación deberá esclarecer cómo fue posible que durante dos años desaparecieran miles de piezas de uno de los arsenales más sensibles del país transalpino sin que los sistemas de control saltaran, y si existió una red de complicidades internas que facilitó el robo y el borrado de los registros.

La Fiscalía intenta dar con el alcance real de la trama y si las piezas desviadas fueron reemplazadas o si su ausencia ha afectado a la operatividad de la flota aérea. Por el momento, la docena de imputados se enfrenta a acusaciones de malversación, aunque la investigación sigue abierta y podrían aparecer más implicados a medida que se analice la documentación incautada. El caso afecta a la imagen de las Fuerzas Armadas italianas y deja al descubierto la fragilidad de los mecanismos de control en una industria armamentística que mueve millones de fondos públicos y créditos de forma exponencial, un sector que opera con opacidad, mientras la población financia el rearme vía impuestos para que el Ejército ni siquiera es capaz de custodiar su propio material bélico.