La Audiencia Nacional española acogió este lunes la declaración de Refaat Alathamna, un médico palestino-boliviano superviviente del genocidio en la Franja de Gaza, que ha comparecido como víctima en la causa abierta contra la empresa Sidenor y tres de sus altos cargos por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio o lesa humanidad, según ha informado la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel de RESCOP. Su testimonio resulta determinante para que prosiga el procedimiento: en los delitos de genocidio y lesa humanidad, la investigación solo puede seguir adelante si existe una víctima personada en la causa o si el Ministerio Fiscal impulsa la acusación. Alathamna, que logró salir de Gaza hace tres meses tras la tregua, ha relatado ante el juez el sufrimiento del pueblo palestino y ha señalado directamente a las empresas que "están colaborando" con el genocidio. "Simplemente vine a explicar todo lo que hemos sufrido. Especialmente por estas empresas que están colaborando, y para mostrar el gran daño que nos están causando como pueblo oprimido", ha manifestado a la salida de los juzgados.

La declaración se produce días después de que la campaña hiciera público el contenido de la documentación intervenida por la Policía Nacional española en el registro del pasado 10 de febrero en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia). Entre los papeles incautados figura una tabla de exportaciones al sector armamentístico en 2024 en la que aparecen las empresas israelíes IMI Systems LTD, asociada expresamente a la pieza "obuses", así como Israel Weapon Industries (IWI) como destinataria de acero, según señala RESCOP. La acusación popular sostiene que la documentación no deja lugar a dudas: "Si vender acero a una empresa armamentística no es suficiente indicio de que servirá para fabricar armas, los datos explícitos en la documentación no dejan lugar a dudas". Sidenor ha tratado de generar confusión con versiones contradictorias tras la publicación de los hallazgos, según denuncian los colectivos querellantes.

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Trabas de la Fiscalía

La Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce la acusación popular en representación de la campaña, ha denunciado que el Ministerio Fiscal intentó impedir la declaración de Alathamna mediante un recurso que fue desestimado por el juez, y que ahora se encuentra pendiente de resolución en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española. David Aranda, abogado del caso, ha subrayado la importancia del momento: "Es la primera vez que una persona palestina que ha sufrido el genocidio de Gaza declara ante un Tribunal occidental por los hechos sucedidos. Puede ser una primera piedra a nivel jurídico para futuros casos". Aranda ha mostrado su sorpresa por la actitud de la Fiscalía, que ni siquiera ha estado presente para escuchar el testimonio, y ha expresado su esperanza de que si la fiscal hubiera escuchado el relato, "pudiera retractarse de sus propias palabras".

La Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel ha reiterado sus exigencias: que el procedimiento continúe sin interferencias y se practiquen todas las diligencias para determinar la responsabilidad penal de Sidenor y sus directivos; que las administraciones excluyan a la empresa de cualquier contratación pública y subvención; que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos asuma los procesos por delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino; y que el Gobierno español adopte medidas efectivas para evitar la complicidad empresarial con el genocidio, incluyendo un embargo integral y real de armas a Israel. Nadwa Abou Ghazalah, representante de la campaña, ha insistido en que "es imposible no reconocer la condición de víctima de una persona de la Franja de Gaza superviviente del genocidio". El reconocimiento de Alathamna como víctima permitiría a la Audiencia Nacional investigar a Sidenor también por complicidad con genocidio, abriendo la puerta a que en la justicia española se establezca un precedente histórico contra la impunidad de las empresas que alimentan la maquinaria de genocida israelí.

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