Italia eleva la "alerta antiterrorista": multas y denuncias a activistas propalestinos con la Ley de Seguridad
Cuatro falsos avisos de bomba paralizan Roma en un solo día, en un clima de paranoia por supuestas "represalias iraníes de bajo coste", mientras sancionan a más de 400 manifestantes solidarios con multas de hasta 5.000 euros.
La escalada bélica en Oriente Medio ha disparado los niveles de alerta estatal en Italia, con cuatro falsas alarmas de bomba en Roma en menos de 24 horas que obligaron a evacuar lugares emblemáticos como el Altar de la Patria, la sede del gobierno en Palazzo Chigi, la sede de Fratelli di Italia en via della Scrofa y el histórico Palazzo Grazioli, según informa Il Manifesto. Todos los avisos resultaron ser falsos, pero las vigilancia es real: las autoridades han aprovechado la coyuntura para reforzar el control policial en más de 28.000 "lugares sensibles", especialmente aquellos vinculados a intereses estadounidenses, israelíes y de la comunidad judía. La inclusión del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica en la lista europea de "grupos terroristas" el pasado 19 de febrero, tras el cambio de postura del gobierno italiano, ha elevado el temor a hipotéticos "ataques asimétricos de bajo coste difíciles de rastrear".
Mientras el Gobierno de Giorgia Meloni refuerza la presencia policial ante supuestas "amenazas externas", en el frente interior se despliega una ofensiva judicial contra quienes protestan contra la guerra y el genocidio. La Ley de Seguridad aprobado en abril de 2025 está siendo utilizado para sancionar a activistas propalestinos que participaron en las manifestaciones del pasado otoño. Más de 400 personas han sido denunciadas en ciudades como Bolonia, Génova y Cagliari, y decenas han recibido multas de hasta 5.000 euros por delitos como bloquear la circulación o simplemente "estacionar en el andén" de una estación. Los abogados denuncian que las sanciones, que en algunos casos alcanzan los 12.000 euros, son "desproporcionadas" y buscan "disuadir" el derecho de reunión, según declaraciones recogidas por el giornale comunista.
Cristina Mazzoccoli, abogada del sindicato USB, explica a Il Manifesto que las multas preocupan más que las denuncias penales porque "en el procedimiento administrativo las garantías defensivas son reducidas". Varios activistas han optado por no pagar y recurrir ante el juez de paz, mientras se multiplican las cajas de resistencia para recaudar fondos. El abogado Gianluca Vitale advierte que la modificación del artículo 18 del Texto Único de Leyes de Seguridad Pública, que penaliza la "falta de preaviso" de manifestaciones, podría convertirse en una herramienta aún más efectiva para "hacer que la gente desista de salir a la calle". Vitale señala además que el uso de las redes sociales para identificar a los presuntos "promotores" de las protestas y el "fermo preventivo" basado en la mera pertenencia a un movimiento para vetar la presencia a personas en manifestaciones son "medios intimidatorios" que podrían vulnerar derechos políticos fundamentales.
La paradoja italiana es evidente: mientras el gobierno se prepara para "repeler amenazas exteriores" con alta tecnología y vigilancia extrema, dentro de sus fronteras utiliza la maquinaria administrativa y judicial para silenciar a quienes denuncian las guerras que alimentan ese mismo clima de "inseguridad" inducido por EE.UU. e Israel, que cuentan con la colaboración estrecha de Roma. Las bombas falsas que paralizaron Roma sembraron el miedo, pero las multas reales que están llegando selectivamente a los buzones de los activistas están cumpliendo un objetivo similar: paralizar la protesta y criminalizar la solidaridad con pueblos como el palestino y el iraní, que siguen siendo masacrados mientras los gobiernos europeos miran hacia otro lado.
