El sistema de "protección" de la mujer ha fallado en el 63% de los asesinatos machistas de este inicio de año
Dos de cada tres víctimas habían denunciado previamente. Nueve mujeres y una niña asesinadas en apenas mes y medio triplican las cifras de los dos años anteriores.
El alarmante repunte de la violencia machista en el Estado español durante el inicio de 2026 lo ha colocado ante uno de los periodos más negros en materia de feminicidios en los últimos años. Desde el 1 de enero hasta la primera semana de marzo, nueve mujeres y una niña han sido asesinadas por violencia machista, triplicando las cifras registradas en los mismos periodos de 2024 y 2025, cuando a estas alturas del año se contabilizaban "solo" tres víctimas.
Este dramático incremento contrasta con el balance de 2025, que cerró con 48 víctimas mortales por violencia de género, el número más bajo desde que se inició la serie histórica en 2003. Pese al optimismo institucional generado por esos datos, el arranque de 2026 ha evidenciado la magnitud de la negligencia del llamado "sistema de protección".
Casos Recientes
Entre los casos más recientes y graves destaca el doble feminicidio ocurrido el martes 17 de febrero en Xilxes (Castelló), donde una mujer y su hija de 12 años fueron encontradas degolladas en su vivienda. El exmarido y padre de la menor fue detenido inicialmente por quebrantamiento de una orden de alejamiento vigente desde marzo de 2025, aunque inicialmente negó los hechos y alegó una coartada. Finalmente, ha sido encarcelado como presunto autor del doble crimen. La víctima formaba parte del sistema de protección Viogén y contaba con medidas cautelares activas, lo que evidencia las limitaciones de las herramientas existentes para prevenir estos desenlaces fatales.
Solo un día después, el miércoles 18, otra mujer fue asesinada por su expareja en el centro de Madrid. El hombre de 34 años la estranguló y, posteriormente, confesó el crimen. Una vez más, la víctima contaba con una orden de alejamiento contra su expareja por antecedentes de violencia de género contra ella.
El 63% de las víctimas había denunciado
Según datos facilitados por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de las diez mujeres confirmadas hasta el momento como víctimas de violencia de género en 2026, seis habían presentado denuncias previas contra sus agresores. Es decir, en el 63% de los feminicidios ocurridos en este inicio de año, las víctimas habían denunciado previamente, un porcentaje que supera con creces la media histórica.
En los cinco años anteriores, el porcentaje de víctimas con denuncias previas se situaba en poco más del 20%, con un pico excepcional del 42% en 2022. Este salto al 63%, seis de cada diez víctimas asesinadas pese a haber alertado al sistema, constituye un fallo estructural evidente que las autoridades deberán abordar con urgencia. El sistema de protección, diseñado para detectar riesgos y aplicar medidas como órdenes de alejamiento o inclusión en Viogén, no ha logrado evitar estas muertes en la mayoría de los casos confirmados.
Un factor recurrente en estos crímenes es la fase de ruptura o separación. Ocho de las diez víctimas confirmadas por el Ministerio de Igualdad eran exparejas o se encontraban en proceso de ruptura con el agresor, frente a solo una que aún mantenía la relación. La literatura especializada en violencia de género señala consistentemente que el periodo inmediatamente posterior a la decisión de cortar la relación es el de mayor riesgo para las mujeres maltratadas, ya que el agresor percibe una pérdida de control y puede escalar hacia la violencia extrema.
La mayoría, mayores de 50 años
Otro dato preocupante es el perfil etario de las víctimas: el 57,1% de las asesinadas en este periodo tenían más de 50 años, frente al 42,9% de menores de esa edad. Esta tendencia a la vulnerabilidad en edades avanzadas se observó también el pasado verano con un repunte de casos entre mujeres mayores de 60 años. Esta situación lleva a muchas víctimas a sufrir esa violencia durante décadas en silencio y a no denunciar o a abandonar los procesos judiciales por miedo o dependencia económica.
Precisamente, en dos de las seis víctimas con denuncia previa confirmadas, las mujeres decidieron no continuar con el proceso judicial, por lo que no contaban con medidas de protección activas en el momento del crimen.
