La Fiscalía pide casi 8 años de cárcel para cuatro activistas de Valladolid por protestar contra el equipo israelí en La Vuelta

La Fiscalía española ha solicitado penas de casi ocho años de prisión para cuatro activistas de Valladolid (Castilla y León) por participar en las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España, según ha denunciado Izquierda Castellana en un comunicado difundido en su página web. Las acusaciones, que incluyen presuntos delitos de "desórdenes públicos" y "resistencia a la autoridad", se basan en informes facilitados por la Subdelegación del Gobierno, una instancia que, como recuerda la organización, depende jerárquicamente del Gobierno español. El escrito de la Fiscalía amenaza además con imponer fianzas a los procesados, en un caso que se suma a una sanción de 700 euros impuesta a un quinto activista por concentrarse a las puertas de la comisaría de Las Delicias en solidaridad con los detenidos, actualmente recurrida bajo la Ley Mordaza.

Los activistas denuncian que el relato de la acusación es "fantasioso" y no se corresponde con los hechos realmente acontecidos. Según el comunicado de Izquierda Castellana, la Fiscalía especula con la posibilidad de un impacto de los ciclistas contra los agentes de policía o contra el público, y alude al ejercicio por parte de los manifestantes de una "gran intensidad y violencia" durante la detención, algo que los acusados niegan rotundamente. Las personas procesadas reconocen los hechos pero sin considerar que tuvieran carácter de ilícito penal, ya que entienden que su acción formaba parte de la denuncia contra lo que consideran un equipo que representa a un Estado genocida. Según explican, fueron citados en sede judicial para alcanzar un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia, pero al rechazar esa vía, la Fiscalía habría endurecido su postura.

El caso adquiere especial relevancia en el contexto de la guerra en Oriente Medio, con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán y la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino. Los activistas subrayan la "incoherencia" de que un Gobierno que hace gala del "No a la Guerra" solicite casi ocho años de cárcel para quienes se tomaron en serio esa consigna y salieron a la calle para denunciar la presencia de un equipo de un país al que acusan de ser "el principal exportador de la guerra, el exterminio y la violación de los derechos humanos". Recuerdan además que en Madrid, miles de personas lograron suspender la última etapa de la Vuelta con movilizaciones similares, en una clara contradicción que evidencia el diferente trato institucional a la protesta según el lugar. En el caso madrileño, el PSOE y el Ejecutivo llegaron a mostrar su "simpatía" por las protestas propalestinas, mientras preparaban las sanciones para los manifestantes vallisoletanos.

Izquierda Castellana ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa y actividades solidarias con los compañeros afectados, que irán comunicando oportunamente. La organización denuncia que, mientras las sanciones administrativas de la Subdelegación del Gobierno han quedado suspendidas a la espera de sentencia judicial, la vía penal avanza con peticiones de prisión desproporcionadas. "De aquellos polvos, estos lodos", concluyen en referencia a las consecuencias judiciales de unas protestas que consideran legítimas y necesarias, y que ahora se enfrentan a una amenaza de cárcel que, de concretarse, supondría un duro golpe para el movimiento de solidaridad con Palestina en el Estado español.