Human Rights Watch (HRW) ha documentado el uso ilegal de municiones de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre una zona residencial de la localidad libanesa de Yohmor el pasado 3 de marzo, dentro de la escalada bélica desatada tras la ofensiva contra la República Islámica de Irán. La organización verificó y geolocalizó hasta ocho imágenes que muestran al menos dos proyectiles de artillería de 155 mm de la serie M825 detonando en el aire sobre un barrio de viviendas, dispersando 116 cuñas de fieltro impregnadas con fósforo blanco sobre un área de entre 125 y 250 metros de diámetro. Según el derecho internacional humanitario, este tipo de ataque es indiscriminado e ilegal en zonas pobladas, ya que no cumple con la obligación de "tomar todas las precauciones posibles" para evitar daños a la población civil.

El mismo día del ataque, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, "ordenó" a los residentes de Yohmor y otras 50 localidades evacuar inmediatamente sus hogares, en una medida que HRW considera parte de un patrón de desplazamiento forzado que podría constituir un crimen de guerra. Las imágenes verificadas muestran a trabajadores de la defensa civil apagando incendios en techos de viviendas y en un automóvil, con daños localizados a menos de 160 metros del punto donde detonaron las municiones. "Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o lesiones atroces que provocan sufrimiento de por vida", advirtía Ramzi Kaiss, investigador de HRW para Líbano.

Mientras Israel intensifica sus ataques, que han causado al menos 394 muertos en Líbano desde el 2 de marzo según el Ministerio de Salud libanés, y cientos de miles de desplazados, el fósforo blanco sigue siendo utilizado pese a sus devastadores efectos incendiarios. HRW lleva meses documentando su uso generalizado en la frontera libanesa desde octubre de 2023, y, una vez más, ha instado a Estados Unidos, Reino Unido y Alemania a suspender la asistencia militar y las ventas de armas a Israel.

HRW subraya que Líbano forma parte del Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que regula las armas incendiarias, mientras que Israel no lo ha suscrito, y exige cerrar las lagunas legales que permiten estos ataques. Las autoridades libanesas deberían, en teoría, investigar estos crímenes y adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero prefieren dejar actuar al Ejército de ocupación israelí en su propio territorio.