El 61% de los inquilinos no puede ahorrar por el elevado coste del alquiler, según Oxfam Intermón
8 de cada 10 personas que viven de alquiler destinan más del 30% de sus ingresos a pagar la renta, y una de cada tres supera el 50%, perpetuando la "trampa del alquiler" y la brecha de desigualdad.
El informe La vivienda, cimiento de desigualdades publicado este miércoles por Oxfam Intermón aporta una conclusión cara: el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad en el Estado español. El estudio, basado en una encuesta realizada a 4.102 personas durante 2025, revela que el 61% de la población inquilina no logra ahorrar debido al elevado coste de los alquileres, y más de la mitad (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro. En contraste, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses, evidenciando una brecha que, según la organización, "puede marcar el futuro social y económico del país".
La presión del alquiler sobre los bolsillos de los trabajadores alcanza niveles insostenibles. El 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta, el umbral considerado como "situación de sobreesfuerzo" por instituciones como el Banco de España, y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, aunque la situación también es grave —el 62% dedica más del 30% de sus ingresos a la vivienda—. Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social de Oxfam Intermón, explica que "se perpetúa la 'trampa del alquiler': los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante".
Un propietario con SMI tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino con un salario de 2.000 euros al mes
El estudio demuestra que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad incluso más determinante que el nivel de ingresos. Con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler. Más revelador aún: una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros mensuales. La comparación entre alquiler e hipoteca refuerza esta tendencia: alguien que paga alquiler con 2.000 euros tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).
Inestabilidad residencial
El encarecimiento del alquiler no solo reduce la capacidad de ahorro de los inquilinos, sino que también genera una creciente inestabilidad residencial. Una de cada tres personas que pagan la renta —alrededor de tres millones— sufrieron el último año los denominados "desahucios invisibles": finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que provocan mudanzas forzosas. El impacto es especialmente acusado entre la población migrante extracomunitaria (37%) y los jóvenes menores de 35 años (31,9%). De estos últimos, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar, perjudicando sus proyectos de emancipación. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de residencia, debilitando o perdiendo redes sociales y familiares.
El 27,7% de la población migrante vive con personas sin parentesco
Las dificultades económicas se traducen también en renuncias cotidianas y deterioro de las condiciones de vida. El 13% de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante y el 27,7% en el grupo de 25 a 34 años. Las dificultades para afrontar gastos básicos afectan al 19,2% de la población, que no pudo pagar suministros esenciales en el último año, y la carencia energética alcanza a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes. "Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad", señala García-Gil. "La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social".
El informe proyecta un preocupante horizonte de desigualdad patrimonial en aumento. El 58,5% de las personas no propietarias considera improbable poder comprar una vivienda en el futuro, y solo el 14,4% se muestra optimista. Mientras tanto, el 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias.
