La explosión registrada la semana pasada en un casal abandonado del Parco degli Acquedotti en Roma (Italia) acabó con la vida de dos militantes anarquistas : Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone. Según informa la agencia ANSA, los cuerpos fueron hallados bajo los escombros tras el derrumbe del edificio. Mientras las investigaciones siguen en curso, la prensa italiana ha llenado sus páginas de conjeturas sobre el supuesto objetivo del artefacto que los dos anarquistas estarían manipulando. Medios como Il Giornale llegaron a señalar como posible blanco “el polo de la Policía de Estado en el Nomentano”, una ubicación que se encuentra a varios kilómetros del lugar de los hechos.

El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprovechado la muerte de los dos militantes anarquistas para dos objetivos políticos, según publican medios italianos alternativos como Contropiano. El primero es impedir la reducción de las duras restricciones del artículo 41 bis que pesan sobre el preso político anarquista Alfredo Cospito, prevista para las próximas semanas, al vincularlo con Mercogliano por un viejo proceso en el que ambos figuraron como coimputados. El segundo es alimentar el alarmismo contra la manifestación nacional No Kings convocada para el 28 de marzo en Roma. El ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, declaró que “el hecho de que dos anarquistas manejaran una bomba en vísperas del voto referendario nos deja muy perplejos” e invitó a mantener “la guardia alta”. Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, convocó el sábado una reunión reservada del Comité de Análisis Estratégico Antiterrorista.

El uso político de la tragedia se inscribe en una tendencia más amplia de criminalización del disenso, denunciada por colectivos anarquistas y la prensa alternativa italiana. La relación semestral de inteligencia al Parlamento, citada por diversos medios, señala que “el activismo anarco‑insurrecionalista se confirma como el vector de amenaza más concreto” y destaca su atención a la crítica del aumento del gasto militar y la militarización de la sociedad. Un comunicado difundido por la Croce Nera Anarchica sostiene: “Sara y Sandro han muerto en acción, han muerto luchando”. Y añade: “Estamos acostumbrados a no creer ni una palabra de lo que profiere la máquina de propaganda, pero si hubiera un atisbo de verdad sobre la información ‘filtrada’, no podemos dejar de detenernos en el hecho fundamental”.

El pasado judicial de los dos fallecidos ha sido recuperado por los medios para reforzar la narrativa de la “amenaza”. Mercogliano fue condenado en 2019 en el macroproceso de Turín contra las FAI‑FRI (Federación Anarquista Informal‑Federación Revolucionaria Internacional) a cinco años de prisión. Ardizzone, en cambio, fue absuelta el año pasado en Perugia en el marco de la investigación “Sibilla”. En una declaración ante el tribunal, la militante afirmó: “Soy anarquista. Como anarquista soy enemiga de este Estado como de cualquier otro Estado”, palabras que la prensa ha recuperado profusamente. Mientras la maquinaria político‑mediática construye su relato, las organizaciones anarquistas advierten del mecanismo habitual: “Cuando el objetivo señalado son ambientes anarquistas o antagonistas, esta torsión se vuelve aún más grave, porque se inserta en una larga costumbre represiva y criminalizante”.