Dimite el portavoz de Vox en Torre Pacheco denunciando “comportamientos mafiosos” de la dirección
El concejal José Francisco Garre abandona el partido mientras los disidentes expulsados desvelan contratos opacos de asesores y la mujer de Abascal.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco (Región de Murcia), José Francisco Garre, tramitó su baja del partido en la medianoche del jueves y presentará su renuncia a la vicepresidencia del Comité de Garantías central tras denunciar “presiones” y comportamientos que calificó de “cuasi mafiosos” por parte de la cúpula, según informa El País. Garre, que seguirá como concejal independiente, justificó su decisión por “quince días brutales” de “intentos de amedrentamiento” tras la expulsión del líder provincial José Ángel Antelo, y criticó las purgas de figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, personas que, en sus palabras, se han “batido el cobre por el proyecto desde sus inicios” y a las que se ha tratado con una “chabacanería absoluta”.
La crisis interna se extiende a la dirección estatal. El exsecretario general Iván Espinosa de los Monteros anunció que el Comité de Garantías le ha abierto un expediente disciplinario con propuesta de expulsión, según recoge El Español. El mismo destino han corrido en las últimas semanas Javier Ortega Smith –también exsecretario general–, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo y el expresidente de Vox en Murcia José Ángel Antelo. Fuentes de la dirección estatal justificaron los expedientes argumentando: “¿Qué persona permite que un trabajador trabaje para derrocar la empresa?”. Espinosa, Ortega Smith y otros disidentes han impulsado un manifiesto que ya cuenta con más de 2.000 apoyos para convocar un congreso extraordinario y denuncian “la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”.
'Vox S.A.'
En declaraciones al canal Cuatro recogidas por El Español, Ortega Smith desveló que el asesor Kiko Méndez-Monasterio “cobra 1.000 euros al día a través de una sociedad tapadera” por asesorar a Santiago Abascal, en referencia al contrato por el que Vox paga alrededor de 320.000 euros anuales a la consultora Tizona Comunicación SL, constituida por Gabriel Ariza Rossy (hijo del fundador de Intereconomía, Julio Ariza) y de la que hoy es responsable Méndez-Monasterio. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid condenó a Julio Ariza a abonar 4,4 millones de euros como responsable negligente de la quiebra de Intereconomía y le prohibió gestionar bienes ajenos durante dos años. Ortega Smith señaló que “hay tres o cuatro que forman un grupito” que “han decidido que esto es su mejor negocio”, y añadió que varios son “empresarios arruinados, condenados por haber defraudado a Hacienda o no haber pagado a sus trabajadores”.
Otra de las empresas vinculadas a la trama, la Editorial Ivat SL –también fundada por Gabriel Ariza–, paga 63.600 euros anuales a Lidia Bedman, esposa de Santiago Abascal, por servicios relacionados con redes sociales, según reveló El Confidencial. Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, denunció que Abascal ha podido incurrir en un “conflicto de interés” al recibir el partido pagos de empresas que, a su vez, abonan un sueldo a su mujer, supuestamente vulnerando el artículo 6.1 del Código de Conducta de Vox, que exige abstenerse de intervenir en decisiones donde exista un interés personal directo o indirecto.
Buxadé llama a los disidentes “peones de Génova y Ferraz”
Mientras tanto, desde la cúpula oficialista de la Calle Bambú, a través del eurodiputado Jordi Buxadé, califica a los críticos de “peones de Génova y Ferraz”, sugiriendo que los disidentes –algunos de los cuales son fundadores del partido desde sus inicios– le estarían haciendo el juego al PP y al PSOE. Los críticos han sido expulsados en plena campaña hacia las elecciones andaluzas del 17 de mayo, generando una trifulca interna en una formación que se erigió como adalid de la “limpieza política y la lucha contra la corrupción”. Pesan graves acusaciones contra los dirigentes y sus asesores más cercanos, a los que señalan por “haber convertido el partido en su negocio particular” y montar un “entramado paralelo” para financiarse con “contratos opacos a dedo”, mientras el discurso oficial se desmorona entre purgas internas y denuncias de prácticas que los críticos no dudan en calificar de mafiosas.
