Los disidentes purgados de Vox superan los 2.300 apoyos para exigir un congreso extraordinario
Varios fundadores denuncian un “entramado paralelo de entidades opacas” y “clima de miedo” en plena crisis de expulsiones y escándalos por contratos con empresas vinculadas a la familia Ariza y a la mujer de Abascal.
La plataforma digital congresovox.es ha lanzado un manifiesto en el que exigen la convocatoria de un congreso extraordinario en Vox “para abrir un debate real sobre el rumbo del proyecto”. La iniciativa ha sido impulsada por exdirigentes disidentes purgados y casi 2.400 militantes, simpatizantes y excargos en total. El texto, que lleva circulando varios días, asegura que el partido “se ha ido cerrando” con una “reducción del debate, concentración del poder y pérdida de pluralidad”, y advierte de la “existencia de un entramado paralelo de entidades opacas, desconocidas para la mayoría de los afiliados, no sometidas a un escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”.
El peso institucional y orgánico del grupo promotor es difícilmente rebatible. Junto a Espinosa y Ortega Smith –ambos exsecretarios generales y exdiputados en el Congreso– figuran el afiliado número 1, Ignacio Ansaldo, que fue el primer presidente del partido y director estatal territorial; Ricardo Garrudo (afiliado número 16), ex presidente de DENAES y ex vicesecretario estatal de movilización; Víctor González Coello de Portugal (número 7), ex vicepresidente primero y exdiputado; Víctor Sánchez del Real (número 105), ex vicesecretario estatal de comunicación y exdiputado; Inés Cañizares, actual vicealcaldesa de Toledo y ex portavoz adjunta en el Congreso; Rocío Monasterio, ex portavoz en la Asamblea de Madrid; Rubén Manso, diputado estatal en la XIV legislatura; Francisco José Contreras (número 1.376), también exdiputado; Malena Nevado, ex presidenta de Vox Cáceres; Juan Luis Steegmann, ex miembro del comité ejecutivo estatal; José Ángel Antelo, ex presidente provincial de Murcia; Isabel Lázaro Pina, ex presidenta provincial de Tarragona; Cristóbal Palacio Ruiz, diputado regional en Cantabria; y el general en la reserva Agustín Rosety, exdiputado estatal. La lista de promotores incluye a quienes ocuparon los primeros números de afiliación, diseñaron la estructura inicial del partido, lideraron su implantación territorial y ejercieron como portavoces parlamentarios en las instituciones clave, desde el Congreso hasta los parlamentos autonómicos. Su reclamo de un congreso extraordinario, lejos de venir de afiliados anónimos, parte del núcleo duro que construyó Vox desde su fundación en 2013.
Los firmantes del manifiesto aseguran que la página web “sufrió 16 intentos de ataque informático” y denuncian que dentro del partido “se ha instalado un clima de miedo a moverse; quien discrepa o simplemente expresa una opinión termina apartado, cesado o, en la práctica, purgado”. Reclaman una “explicación política seria” sobre los cambios de orientación que han llevado al partido a abandonar el grupo europeo de Giorgia Meloni (ECR), derivar hacia posiciones “estatalistas y obreristas” y adoptar un discurso “republicano y antimonárquico” que, según ellos, “se aparta de las ideas fundacionales”.
La iniciativa se produce en medio de una sangría de expulsiones entre cargos destacados. En las últimas semanas, el Comité de Garantías ha abierto expedientes disciplinarios con propuesta de expulsión contra Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo y el expresidente de Vox en Murcia José Ángel Antelo. Fuentes de la dirección estatal justifican los expedientes con la pregunta: “¿Qué persona permite que un trabajador trabaje para derrocar la empresa?”.
Acusaciones cruzadas
En paralelo, Ortega Smith reveló en una entrevista en Cuatro que el asesor Kiko Méndez-Monasterio cobra 320.000 euros anuales a través de la consultora Tizona Comunicación SL, constituida por Gabriel Ariza Rossy (hijo del fundador de Intereconomía, Julio Ariza). El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid condenó a Julio Ariza a abonar 4,4 millones de euros por la quiebra de Intereconomía. Otra empresa de la misma familia, Editorial Ivat SL, paga 63.600 euros anuales a Lidia Bedman, esposa de Santiago Abascal, por servicios de redes sociales, según desveló El Confidencial. García-Gallardo ha denunciado que Abascal ha incurrido en un “conflicto de interés” al recibir el partido pagos de empresas que, a su vez, abonan un sueldo a su mujer, vulnerando el código de conducta de Vox.
La respuesta de la dirección no se ha hecho esperar. El eurodiputado Jordi Buxadé calificó a los críticos de “peones de Génova y Ferraz” y les acusó de “alimentar a Pedro Sánchez” con sus ataques. El portavoz económico José María Figaredo pidió a los exdirigentes que “dejen de empañar al único partido que tiene cero de corrupción”. Sin embargo, los firmantes del manifiesto insisten en que “su objetivo no es dividir sino abrir el debate” y “preparar al partido para gobernar”, mientras advierten que “negar esta petición no es una decisión neutra. Es aceptar conscientemente que el partido no quiere —o no puede— corregir su deriva interna”.
¿Congreso o ruptura?
La petición de congreso extraordinario llega a menos de dos meses de las elecciones andaluzas convocadas para el 17 de mayo, en pleno terremoto interno que amenaza con desangrar a la formación fascista que se presentó como “alternativa a la corrupción del bipartidismo” y que ahora ve cómo sus propios fundadores denuncian un “entramado paralelo” de contratos opacos y una gestión “mafiosa”. La respuesta de la dirección, que hasta ahora ha blindado su postura oficial con la expulsión de los críticos, determinará si el partido logra contener la crisis o se encamina a una fractura definitiva.
