Varios eventos políticos y movilizaciones se registraron el pasado sábado 28 de marzo en India, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, Filipinas y Países Bajos con concentraciones, pancartas y consignas como “Stop Operation Kagaar!”, “Long live the People’s War in India!” y “Jal Jangal Jameen!”. Casi setenta organizaciones comunistas, obreras, estudiantiles y progresistas de todo el mundo han firmado una declaración conjunta respaldando la protesta contra la Operación Kagar, lanzada por el gobierno de India en 2024 bajo el primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior Amit Shah.

La acción militar tiene como objetivo declarado exterminar la insurgencia maoísta, principalmente en el llamado “Corredor Rojo” de los estados de Chhattisgarh, Jharkhand, Telangana, Odisha, Maharashtra y partes de Andhra Pradesh y Madhya Pradesh. Incluye un despliegue de entre 60.000 y 100.000 efectivos de fuerzas especiales y estatales, el uso de drones y tecnología de inteligencia avanzada, así como operaciones de control militar masivo en zonas forestales. Según el gobierno, hasta marzo de 2026 habían asesinado a decenas de “líderes maoístas”, forzado “cientos de rendiciones” y debilitado significativamente al Partido Comunista de la India (Maoísta), presentando la acción como un paso hacia una “India libre de naxalismo”.

Sin embargo, los observadores críticos internacionales y organizadores del Día Global de Acción denuncian la operación como una campaña represiva y genocida que deja cientos de víctimas no implicadas en un solo año, con dos civiles muertos, heridos o desplazados por cada insurgente maoísta asesinado, según algunas estimaciones. Esta violencia estatal está dirigida contra comunidades tribales y campesinas en territorios que abarcan el 85% de las reservas minerales del país, y por tanto, motivada por intereses corporativos, como los de las empresas Tata y Adani. También señalan violaciones de derechos humanos sistemáticas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados, con episodios atroces como el asesinato de un bebé adivasi de seis meses llamado Mangli Sodi el 1 de enero de 2024, tiroteado por las fuerzas indias mientras tomaba el pecho de su madre. Según recuerda una nota de International League of Peoples’ Struggle, este asesinato marcó el inicio de una campaña de masacres contra la comunidad Adivasi, campesinos, minorías religiosas y militantes, que continúa hasta hoy.

La Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria (PCFS) ha denunciado que esta represión “no solo ataca a individuos, sino también a movimientos sociales, grupos de defensa de derechos y organizaciones legales, a quienes se tacha maliciosamente de naxalitas urbanos para justificar el acoso, la vigilancia y la criminalización”, cuyo objetivo es “aplastar la disidencia y reducir el espacio democrático”.

La insurgencia naxalita la respuesta represiva de la India, que se remonta a 1967 con el levantamiento de Naxalbari, ha causado miles de muertes a lo largo de décadas. Aunque la insurgencia se encuentra relativamente debilitada en estos momentos, las raíces del conflicto —el despojo de tierras, la explotación y la desigualdad sistémica— siguen intactas, por lo que la Operación Kagaar y otras campañas de contrainsurgencia similares sirven, en palabras del PCFS, a agendas imperialistas y corporativas, desbrozando tierras ancestrales para extraer recursos y establecer macroproyectos al servicio de multinacionales. Advierten que la militarización de estas regiones ha exacerbado el hambre, destruido los medios de subsistencia y debilitado los sistemas de gobernanza indígenas.

Además, la Operación Kagaar no solo está estrechamente vinculada a la doctrina estadounidense de contrainsurgencia, sino que también complementa directamente la estrategia estadounidense para el Indo-Pacífico, donde India se posiciona como “socio principal de defensa” de los intereses de EEUU e Israel. “No es casualidad que las armas utilizadas por Israel en Gaza se fabricaran en India, y que se trate de la misma tecnología empleada para aplastar la resistencia de los pueblos indígenas y la población rural pobre del país”, concluyen desde el PCFS.