Italia aplica la “detención preventiva” a 91 anarquistas para impedir un homenaje a dos militantes muertos

Un total de 91 simpatizantes anarquistas fueron detenidos el pasado domingo en Roma cuando se dirigían a participar en un acto de homenaje a Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone, los dos militantes anarquistas fallecidos el 19 de marzo al estallar un explosivo en un casal abandonado del Parco degli Acquedotti, según informa Europa Press. La manifestación había sido declarada “ilegal” por las autoridades italianas, que desplegaron un numeroso dispositivo policial y de fuerzas especiales en el parque Modesto di Veglia, donde unas 60 personas consiguieron finalmente depositar un ramo de flores antes de ser identificadas. Los detenidos fueron trasladados a comisaría con autorización de la Fiscalía para su identificación y posibles órdenes de expulsión del país. La Policía justificó la prohibición alegando que la concentración era “contraria a los valores de coexistencia civil y democrática” y que “exaltaba una conducta como la del montaje de una bomba”.

La primera ministra, Giorgia Meloni, utilizó los arrestos para defender su política de mano dura. En un mensaje en redes sociales, afirmó que “la detención preventiva de 91 individuos del movimiento anarquista, considerados peligrosos y que llegaron a Roma para una manifestación no autorizada en memoria de los dos anarquistas muertos, confirma la necesidad” del Decreto de Seguridad impulsado por su gobierno. Meloni rechazó las críticas que señalan que la norma criminaliza la protesta social, limita el derecho a manifestarse y otorga competencias excesivas a la Policía. “No sirve para limitar la libertad de manifestación, como afirmaban ciertos grupos de izquierda. Por el contrario, sirve para garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y no violenta”, argumentó. Los dos fallecidos, Mercogliano (53 años, originario de Nola) y Ardizzone (36 años, de Roma), estaban vinculados a la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI), la misma organización a la que pertenece el preso anarquista Alfredo Cospito, condenado a 23 años de prisión por una acción.

El suceso se produce apenas dos semanas después de la muerte de los dos militantes, cuya identificación fue complicada por los daños en los cuerpos y solo fue posible gracias a los tatuajes. Ardizzone había sido absuelta el año pasado en Perugia en la investigación “Sibilla”, mientras que Mercogliano ya había sido condenado en el macrojuicio contra anarquistas de 2019. El gobierno de Meloni aprovechó entonces la tragedia para impedir la reducción de las restrictivas condiciones del artículo 41 bis que sufre Cospito y para alimentar el alarmismo contra la manifestación nacional “No Kings” convocada para el 28 de marzo en Roma.

Ahora, con los 91 arrestos “preventivos”, el ejecutivo consolida su agenda que criminaliza la memoria de los militantes políticos fallecidos y el disenso bajo la coartada del “orden público” . Mientras la izquierda institucional italiana mira hacia otro lado, los movimientos sociales denuncian que la “democracia” de Meloni se construye sobre la base de detener a las personas antes de que ejerzan sus derechos fundamentales. El derecho a la protesta, una vez más, es el primero en caer.