Los médicos residentes de Inglaterra iniciarán una huelga de seis días, del 7 al 13 de abril, en respuesta al estancamiento de las negociaciones sobre condiciones laborales y la recuperación del poder adquisitivo de sus salarios. Según informa People’s Dispatch, la British Medical Association (BMA) decidió romper la mesa de diálogo tras constatar que la administración de Keir Starmer introdujo cambios de última hora en su propuesta que implican "menos financiación en términos reales". El sindicato denuncia que el Gobierno pretende "repartir los aumentos salariales durante un periodo más largo" y mantiene la "incertidumbre" absoluta sobre la protección de los sueldos frente a la inflación.

La tensión entre el personal sanitario y el Ejecutivo británico se ha vuelto patente tras la postura adoptada por el secretario de Salud, Wes Streeting. El Ministerio ha amenazado con recortar 1.000 empleos de los 4.500 previstos en la cuota de puestos de formación si los médicos no desconvocan las protestas, una medida calificada por expertos médicos como "una escalada de proporciones trumpistas en su mala fe". Esta decisión de reducir las plazas de formación empeora la crisis de personal del National Health Service (NHS), donde, según el medio Tribune, la demanda de fuerza de trabajo de especialistas es ya un "10% inferior al número total de graduados médicos", obligando a cientos de profesionales a abandonar el sistema público cada año.

El director de la revista científica BMJ, Kamran Abbasi, criticó que el Gobierno actúa con dureza contra los trabajadores mientras mantiene una postura permisiva capital privado, señalando que "no juega duro con las empresas tecnológicas, como Palantir, o las compañías farmacéuticas que buscan explotar el mercado del Reino Unido". En la misma línea, la BMA sostiene a través de publicaciones en sus redes sociales que las semanas de negociación han fracasado debido a que el Gobierno "ha movido la portería en el último minuto", obligando a la plantilla a tomar el camino de la huelga como "último recurso" para garantizar que el servicio de salud sea viable.

La movilización cuenta con el respaldo de organizaciones políticas y sindicales que advierten que la decisión gubernamental de eliminar puestos de formación empujará a más médicos a irse o trabajar en el extranjero, lo que podría acarrear el desmantelamiento de la plantilla, afectando directamente a la calidad y disponibilidad del servicio.