El precio del gasóleo en el Estado español ha vuelto a la "casilla de salida", según el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El litro de combustible ha alcanzado este viernes 10 de abril una media de 1,911 euros en la Península, igualando la cifra registrada apenas tres días antes de que entrara en vigor la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno español. Esta medida, que incluía una reducción del IVA al 10 % y una bajada de 4,9 céntimos en el impuesto especial sobre los hidrocarburos, ha sido neutralizada por una escalada de precios en los surtidores que acumula ya 14 céntimos de subida en la última semana.

La organización de consumidores señala una resistencia sistemática de las grandes petroleras a repercutir las bajadas del crudo en los precios finales. Mientras que el miércoles pasado el precio del petróleo sufrió un desplome internacional, las gasolineras apenas redujeron el coste del gasóleo en 0,004 euros de media el jueves, manteniendo los precios congelados durante la jornada del viernes. FACUA califica estos incrementos de injustificados y denuncia que las empresas reaccionan con extrema rapidez ante las subidas —especialmente tras la inestabilidad generada por la invasión de Irán—, pero aplican el "efecto pluma" cuando los costes de producción disminuyen.

Repsol se sitúa a la cabeza de las compañías más costosas, con un precio medio de 1,993 euros por litro, lo que supone 8,2 céntimos por encima de la media del sector. Los datos recabados por FACUA a través del portal de precios del Ministerio para la Transición Ecológica revelan que las gasolineras nunca llegaron a aplicar la rebaja fiscal de forma íntegra: el descenso inicial fue de solo 19,2 céntimos, frente a los 23,3 céntimos que debería haber bajado si se hubieran respetado los márgenes previos. Esta diferencia de más de 4 céntimos por litro fue absorbida directamente por los beneficios de las distribuidoras desde el primer día de aplicación de la medida.

Ante este escenario, FACUA ha reiterado su petición al Gobierno de coalición para que intervenga el mercado y fije precios máximos. La asociación sostiene que las rebajas fiscales sin control de precios acaban convirtiéndose en una transferencia de dinero público hacia las cuentas de resultados de las grandes energéticas, ya que estas aprovechan la subvención indirecta para elevar sus márgenes comerciales a costa del usuario final. "Las rebajas fiscales benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes", subraya la organización, alertando de que el ahorro pretendido por la administración ha desaparecido por completo en menos de quince días.

La situación se agrava ante la proximidad de la temporada turística de verano, en un contexto donde el desabastecimiento sistémico de combustible y los altos precios amenazan la estabilidad económica de amplios sectores sociales. La falta de transparencia en la fijación de precios y la pasividad institucional ante el comportamiento de las grandes cadenas —que han llevado el precio máximo del gasóleo hasta los 2,209 euros en algunos puntos de la Península— haren que FACUA redoble su denuncias sobre la ineficacia de las políticas basadas exclusivamente en incentivos fiscales para frenar el encarecimiento de los médicos de vida, empezando por el diésel, elemental para toda la economía.