La multinacional Stellantis, dirigida por John Elkann, ha recurrido al aparato judicial en italia para cercenar el derecho de huelga y manifestación de los trabajadores de su cadena de suministro, según informa Il Manifesto. El Tribunal de Turín ha dictado una medida cautelar que ordena a los operarios de la empresa Trasnova el "cese inmediato" de cualquier protesta que dificulte la actividad logística o el movimiento de vehículos del grupo. Esta decisión judicial se produce después de que Stellantis decidiera no renovar las contratas con dicha empresa auxiliar, lo que dejará en la calle a 200 familias de las plantas de Pomigliano d’Arco, Cassino y Frosinone a partir del próximo 30 de abril.

El tribunal no solo ha prohibido las movilizaciones, sino que ha impuesto una penalización económica de 100.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento de la orden. Según recoge el diario Il Manifesto, Stellantis justificó su petición ante los jueces alegando supuestos "graves daños" derivados de las protestas, calificando la defensa de los puestos de trabajo como una conducta "obstruccionista". Esta resolución judicial facilita la estrategia de la multinacional de desmantelar el tejido industrial sin encontrar resistencia obrera en los centros de producción.

Desde el sindicato metalúrgico Fiom-Cgil, los secretarios Samuele Lodi y Ciro D’Alessio han calificado la situación de "muy grave" y denuncian que la empresa está utilizando los tribunales para "introducir una dinámica peligrosa" que elude el conflicto laboral real. Los representantes de los trabajadores señalan que los operarios perderán su sustento en menos de un mes y que la dirección de Stellantis, en lugar de buscar alternativas para el mantenimiento del empleo, opta por la vía represiva. Según la central sindical, la corporación "está poniendo conscientemente a los trabajadores unos contra otros" para fragmentar la solidaridad de clase y ocultar su responsabilidad en la desindustrialización.

La dirección de Stellantis ha comunicado su decisión de interrumpir la relación comercial con una carta enviada a ministerios y entes locales, confirmando los despidos masivos. Ante este escenario, la Fiom ha exigido al Ministerio de Empresa y del Made in Italy (Mimit) que intervenga para que la multinacional "retire inmediatamente" las medidas adoptadas y se inicie una negociación sobre amortizaciones sociales. Los trabajadores advierten que, si las instituciones no frenan la destrucción de estos puestos de trabajo, retomarán "todas las iniciativas de lucha" a pesar de la coerción judicial.