Huelga de CCOO en Extranjería en medio del proceso de regularización

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga indefinida en todas las oficinas de Extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno español a partir del próximo 21 de abril. La medida coincide con el inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya residen en el Estado español, que el Ejecutivo prevé que afecte a entre 750.000 y un millón de personas. El sindicato denuncia que, a pesar de contar con 1.800 expertos en las oficinas dependientes del Ministerio de Política Territorial, el Gobierno ha decidido centralizar la resolución de los expedientes en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), vinculada al Ministerio de Migraciones.

La central sindical califica de "claro despilfarro de dinero público" la inversión de 25 millones de euros destinada por Moncloa para habilitar este dispositivo paralelo. Según CCOO, el Ejecutivo está formando a contrarreloj a 150 personas de refuerzo y a 43 empleados de la empresa pública Tragsa para tareas de apoyo, mientras "mantiene a la plantilla especializada al margen del proceso de decisión". El sindicato reclama que dicha inversión "revierta directamente en las oficinas de Extranjería para dotarlas de mejores medios técnicos y una revisión estructural de la relación de puestos de trabajo que incluya la equiparación salarial con otros organismos de la Administración del Estado".

El proceso de regularización comenzará formalmente el 16 de abril por vía telemática, mientras que la atención presencial en las oficinas habilitadas de la Seguridad Social y Correos arrancará el día 20, apenas 24 horas antes del inicio del paro indefinido. El Ministerio de Migraciones, dirigido por Elma Saiz, sostiene que el refuerzo de la UTEX "es necesario para garantizar la agilidad de un procedimiento que finaliza el 30 de junio". Sin embargo, CCOO advierte que el peso real de la gestión recaería sobre las oficinas territoriales a largo plazo, ya que estas deberán resolver las previsibles reclamaciones, renovaciones de documentación y expedientes atascados, que a finales de 2025 ya sumaban 180.000 solicitudes pendientes.

El conflicto también evidencia una fractura interna en la arquitectura institucional del Estado, donde las competencias de extranjería se reparten entre los ministerios de Política Territorial, Interior y Migraciones, con una dispersión de tareas que facilita que las distintas ramas de la función pública se pasen la patata caliente entre manos, dificultando la ejecución de las políticas migratorias. Algunas voces del activismo antirracista, como el periodista Youssef M. Ouled, ya han cuestionado esta situación, señalando la falta de "perspectiva de clase y antirracista" al convocar un paro que podría entorpecer el acceso a derechos elementales de miles de personas vulnerabilizadas durante el escaso margen de tiempo que dura el proceso extraordinario.

Finalmente, CCOO ha instado al Gobierno a que Correos también refuerce su plantilla y garantice las condiciones de trabajo exigidas ante las labores administrativas que se avecinan. El sindicato insiste en que las oficinas de Madrid, Barcelona, València, Alacant y Murcia serán las más tensionadas por la afluencia de solicitantes, y advierte que la huelga se mantendrá hasta que se reconozca la productividad y se profesionalice la formación de los empleados públicos que operan en la primera línea de la administración de extranjería. Algunos expertos consideran que la parálisis de estos servicios podría resultar "fatal" tanto para la regularización extraordinaria como para los trámites ordinarios ya colapsados.