El PSOE deja sin cumplir el 86% de los compromisos de gobierno analizados por ‘Newtral’ al final de la legislatura
Solo 7 de los 50 compromisos de investidura seguidos por el medio figuraban como cumplidos; el 10% está explícitamente incumplido y el 76% restante seguía “pendiente o en progreso”.
El PSOE afrontó las elecciones generales de julio de 2023 con un programa electoral de 272 páginas y siete bloques temáticos. Tres años después, al borde de la disolución de las Cortes, no existe una auditoría que haya evaluado uno por uno todos esos compromisos. El seguimiento más completo disponible hasta el momento es el de Newtral, que ha analizado 50 compromisos de los acuerdos de investidura y de Gobierno de 2023 (no el programa electoral completo) con la metodología de que ellos mismos denominan Pactocheck. A junio de 2026, solo 7 de esos 50 figuraban como cumplidos, el 14%. Otros 27 estaban “en progreso”, el 54%. Había 11 pendientes, el 22%. 5 aparecen explícitamente incumplidos, el 10%. Si se considera “no cumplido” todo lo que no consta como cumplido, la cifra asciende a 43 de 50, es decir, el 86%. Son dos medidas distintas: uno es el incumplimiento explícito, por un lado, y por otro los compromisos que “aún no se han completado”, por otro. Sin embargo, con la legislatura agotada, la frontera entre ambas se desdibuja a efectos prácticos.
El patrón más claro es la diferencia entre aprobar una medida, iniciar su tramitación y alcanzar el resultado prometido. Por ejemplo, la Ley Orgánica de representación paritaria, aprobada en agosto de 2024, es un ejemplo de compromiso concreto materializado. El PSOE se comprometió a revalorizar las pensiones conforme al IPC, con subidas del 2,8% en 2025 y del 2,7% en 2026. Esta medida figura como cumplida en el mecanismo de actualización. En el otro extremo, la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas fue rechazada en el Congreso y Newtral la clasifica explícitamente como incumplida. El Estatuto del Becario quedó atascado en su tramitación parlamentaria y no llegó a ser ley antes de la disolución. La Ley de Familias corrió la misma suerte. La promesa de gratuidad universitaria y de FP superior para quienes aprueben a la primera no se materializó en los términos anunciados. La gratuidad del transporte urbano hasta los 24 años tampoco: se aplicaron bonificaciones y descuentos, pero no la gratuidad general prometida. En vivienda, además del último decreto que ha introducido algunas reivindicaciones del “decreto Maricarmen” modificadas junto con medidas claramente regresivas como las rebajas fiscales de hasta el 100% a rentistas, el Gobierno ha contabilizado viviendas “movilizadas”, una categoría que puede incluir actuaciones de distinto tipo y no equivale a vivienda terminada, disponible y entregada. Una investigación publicada en octubre de 2026 cita 10.620 viviendas protegidas de promoción pública con calificación definitiva desde noviembre de 2023, por lo que la cifra de 183.000 viviendas públicas o asequibles prometida no puede darse por cumplida con el mero anuncio de movilización. Los avales ICO para jóvenes, por su parte, con 10.453 concedidos a cierre de 2025 frente a unos 50.000 previstos, quedaron en ejecución parcial.
En definitiva, un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, un anteproyecto o una iniciativa parlamentaria sin aprobación definitiva no equivale a una promesa legislativa cumplida, y una promesa amplia de “impulsar” algo no puede evaluarse con la misma vara que un compromiso numérico con plazo definido. Por ello, no se puede establecer un porcentaje de una muestra de 50 pactos de Gobierno en una cifra sobre las 272 páginas del programa del PSOE. La propia Newtral distingue entre compromisos “cumplidos”, “en progreso”, “pendientes” e “incumplidos”, y su muestra evalúa acuerdos de investidura con varias formaciones, por lo que no se puede deducir un porcentaje cerrado de incumplimiento del programa electoral.
Pero el balance de la legislatura deja un dato objetivo que sí se puede contrastar: de los 50 compromisos de gobierno analizados, el 86% no consta como cumplido al final del mandato. Esa cifra incluye medidas en progreso y pendientes, no solo abandonos. Pero también muestra que la capacidad del Ejecutivo para convertir sus anuncios en resultados verificables ha sido más que limitada. La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (los de 2023 se prorrogaron durante toda la legislatura) es uno de los indicadores principales de esa impotencia.