No hubo ‘mal menor’ para el Sáhara: así entregó el PSOE la soberanía saharaui a Marruecos

El programa electoral del PSOE de 2019 defendía expresamente “el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui” y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Tres años después, en marzo de 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que reconocía que España consideraba la propuesta marroquí de “autonomía” de 2007 “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. La carta, redactada originalmente en francés, fue filtrada por Rabat y publicada parcialmente por la Casa Real marroquí el 18 de marzo de 2022. El Gobierno español confirmó su contenido. El ministro José Manuel Albares lo presentó como el inicio de “una nueva etapa” en las relaciones con Marruecos, tras la crisis abierta en 2021 por la acogida hospitalaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Lo que se presentó como una forma de preservar la relación bilateral y la estabilidad fronteriza fue, en realidad, un giro de consecuencias duraderas para el pueblo saharaui: España pasó de la neutralidad formal a apoyar explícitamente la tesis marroquí, sin debate parlamentario previo y sin consultar a los socios de coalición.

Desde Ferraz se quiso vender el giro como continuidad. Portavoces del PSOE como Felipe Sicilia negaron el cambio apelando a declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, que había calificado la autonomía de “contribución positiva”, y a los comunicados del PP de 2012 y 2015. Pero nunca antes la “autonomía” bajo soberanía marroquí había sido la posición oficial prioritaria del Gobierno de España, que sigue siendo la potencia colonizadora de iure según el “Derecho Internacional”. Sin embargo, incluso el propio Zapatero la calificó de “aportación”, no de base. Sánchez ha oscilado en los años siguientes entre negar un “cambio” y admitirlo como evolución “pragmática”. En los programas posteriores, de 2023 y siguientes, desaparecieron las referencias explícitas a la autodeterminación. La carta de Sánchez supuso, en la práctica, el abandono oficial del marco de la ONU como referencia única y la asunción de la tesis de Rabat como punto de partida, ratificado formalmente en 2025.

Las reacciones internas evidenciaron la falta de debate. Unidas Podemos y Yolanda Díaz manifestaron malestar inmediato por la opacidad y la falta de consulta. Díaz habló de “incoherencia” y “opacidad”. ERC, Bildu y BNG exigieron la comparecencia de Sánchez y presentaron iniciativas en favor del referéndum. Sin embargo, los socios de la coalición siguieron sosteniendo al PSOE hasta el final. En el seno del PSOE, sectores de bases, federaciones y corrientes internas reclamaron un debate interno que nunca se produjo. En 2025-2026, Sumar ha impulsado y desbloqueado, con apoyo del PSOE, una ley de nacionalidad española para saharauis nacidos bajo administración española antes de 1977 y sus descendientes, aprobada en el Congreso en septiembre de 2026. Algunos interpretaron esa medida como un “maquillaje”, pero no revertía el giro de 2022; ni mucho menos.

En el plano internacional, Marruecos celebró el cambio como el cierre de la crisis y el inicio de una “nueva etapa”. Argelia lo calificó de “segunda traición histórica” y “éticamente e históricamente inadmisible”, llamó a consultas a su embajador y abrió una crisis comercial y energética, salvo en el gas. El Frente Polisario denunció “traición” y alineamiento con la potencia ocupante. La ONU no se pronunció formalmente, pero en octubre de 2025 el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2797, que apoyaba negociaciones tomando como base la propuesta de “autonomía” marroquí. España la acogió “con satisfacción”. El Gobierno español se alineó así con las posiciones de Francia, Alemania, Países Bajos y EEUU, que reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020 bajo Trump.

El balance de la legislatura deja varios elementos para la reflexión. La cooperación migratoria y de control policial con Marruecos se reforzó tras 2022, pero han persistido episodios de tensión, como las entradas masivas a Ceuta en junio de 2026. España mantuvo e incrementó la ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf, con más de 57 millones de euros entre 2020 y 2025, pero esa ayuda no compensa el abandono político. La opinión pública española sigue mayoritariamente favorable a la autodeterminación, según los informes del Real Instituto Elcano. El giro de 2022 fue una decisión política consciente del PSOE, adoptada sin debate público, que antepuso los intereses de la relación con Rabat al supuesto “Derecho Internacional” y la soberanía saharaui que decía defender.

Además, las demandas de transparencia sobre las motivaciones exactas y las críticas por la forma irregular en que se presentó la declaración siguen abiertas, especialmente por la secuencia de acontecimientos que la precedió: el caso Pegasusgate reveló la infección del teléfono de Sánchez y otros miembros destacados del Gobierno español con un spyware israelí en 2021, una operación en la que los servicios de inteligencia marroquíes figuran como sospechoso principal. El Gobierno español sigue sin aclarar si el acto de espionaje informático comprometió información sensible, y el proceso judicial se halla bloqueado por falta de colaboración israelí.