España lidera la coordinación de proyectos de armamento en el Fondo Europeo de Defensa

El Estado español es uno de los países que más fondos europeos recibe para el desarrollo de la industria militar y se sitúa entre los cuatro (junto a Francia, Italia y Alemania) que coordinaron el 63% de los proyectos del Fondo Europeo de Defensa (FED) en 2023 y el 72% en 2025, según un nuevo informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau titulado El armamentismo de Europa y la ineficiencia de la industria militar. En el conjunto de las convocatorias del FED entre 2021 y 2025, la empresa española Indra, con sede en Barcelona, se sitúa entre las seis compañías que coordinan más proyectos, junto a Thales, Airbus, Leonardo, Navantia y GMV. El volumen total de subvenciones del FED se mantiene en torno a 1.000 millones de euros anuales. Estas cifras se sitúan dentro del Plan de Rearme de la Unión Europea, que movilizará un total de 800.000 millones de euros para las industrias militares europeas con el objetivo declarado de reforzar la producción de armamentos y, en palabras de Bruselas, “disuadir a Rusia de atacar otro país europeo”.

Política de rearme española

En paralelo a los fondos europeos, el Gobierno español ha puesto en marcha su propia política de rearme. En 2025, para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar y cumplir los compromisos militares de la OTAN, aprobó 41 nuevos Programas Especiales de Modernización valorados en 33.315 millones de euros, que se añaden a los ya vigentes. El aumento de recursos destinados al ámbito militar también ha tenido un impacto en Catalunya, donde varios sectores empresariales y políticos se han movilizado para que las empresas catalanas se beneficien de esta tendencia. En mayo de 2026, la Cámara de Comercio de Barcelona, con la colaboración de la Generalitat, organizó un congreso en el que participaron empresas vinculadas al ámbito militar como Indra, GMV, Gutmar, Navantia, Telefónica Defensa y Seguridad, Oesía y Zapa, así como la patronal Fomento del Trabajo y universidades catalanas. En ese acto, el Observatorio de la Industria presentó un informe que identifica 750 empresas catalanas como potenciales beneficiarias de las inversiones en defensa. Roger Torrent, expresidente del Parlamento catalán y exconsejero de Empresa del Govern con ERC, que recientemente ha fundado la consultora Dualys para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio de las armas, pidió crear “una oficina que oriente empresas ya existentes hacia el sector de la defensa e incentive consorcios que trabajen conjuntamente programas estratégicos”. Los consejeros de Acción Exterior, Jaume Duch, y de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, remarcaron la apuesta del “Gobierno más progresista de la historia” por el sector militar. El estudio de la Cámara de Comercio estima que esta actividad podría facturar hasta 1.000 millones de euros y crear 10.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, aunque advierte de que las administraciones tendrían que movilizar entre 80 y 120 millones de euros de inversión pública y privada para impulsar ese crecimiento.

Europa depende en un 78,5% de proveedores tecnológicos estadounidenses para armarse

Pere Ortega, investigador del Centre Delàs, señala que “todo esto se está haciendo con el objetivo de convertir Catalunya en un polo industrial y tecnológico de referencia en la producción militar y de defensa europea”, pero advierte de que “estos son los sueños de la patronal catalana, con el apoyo de la Generalitat, que confrontan con la realidad: las grandes industrias de guerra españolas están fuera de Catalunya. Por lo tanto, las pymes catalanas solo pueden aspirar a fabricar componentes y accesorios para las grandes industrias”. Ortega añade que “este tipo de reuniones y alineamiento del modelo productivo catalán con las necesidades militares no son sujetas de debate público abierto y transparente. Las promesas son siempre las mismas: crecimiento económico, riqueza y ocupación. Pero los argumentos son cuestionables”. El informe Draghi asegura que el 80% de las compras militares de la UE se hacen en países externos a la UE, especialmente a la industria de Estados Unidos, y el Future of Technology Institute confirma que Europa depende en un 78,5% de proveedores tecnológicos estadounidenses para armarse, en concreto de empresas como Microsoft, Google, Amazon y Oracle. Ortega apunta que “resulta obvio a quién interesa aumentar el gasto militar y a quién beneficiarán las grandes inversiones previstas”.

“La industria militar es, desde un punto de vista de economía real, destructiva de riqueza y ocupación”

Pere Brunet, Tica Font, Nora Miralles y el propio Ortega, los autores del informe, recuerdan que los recursos financieros, tecnológicos y humanos destinados a la producción de armas dejan de estar disponibles para sectores civiles o de más valor añadido, como la vivienda, la sanidad, la educación o la transición energética. El estudio sostiene que “el camino para lograr la paz no es armarse, puesto que esta es una dinámica perversa que solo conducirá a más confrontación con Rusia y otros países”, y apuesta por “trabajar mediante iniciativas diplomáticas para eliminar rivalidades y conflictos, y apostar por una seguridad común y compartida entre estados”. Añade que “la industria militar es, desde un punto de vista de economía real, destructiva de riqueza y ocupación”, y que “desde el punto de vista de la Seguridad Humana, las mejores inversiones públicas son aquellas que inciden en aumentar el bienestar social, como invertir en educación, sanidad, servicios sociales, transición energética o medio ambiente”.