Defensa canaliza 17.000 millones hacia Navantia mientras Anticorrupción investiga contratos militares por más de 7.200 millones
Navantia lidera programas por más de 16.000 millones tras la autorización de 4.640 millones el 10 de noviembre; la Fiscalía analiza adjudicaciones a Indra y Escribano y préstamos al 0 % sin avales.
El Ministerio de Defensa canaliza cerca de 17.000 millones de euros hacia Navantia a través de los Programas Especiales de Modernización (PEM), una cifra que supera en más del doble la cartera de contratos del grupo naval público a cierre de 2024, cuando ascendía a 8.163 millones, según Economía Digital Galicia. Navantia cerró 2025 con una cartera de 12.826 millones, un 57 % más que el año anterior, de los que el 88 % correspondían a encargos del sector militar, y una contratación récord de 6.627 millones, cuatro veces más que en 2024. La cifra de 17.000 millones no equivale a contratos ya firmados: combina programas aprobados, préstamos públicos, órdenes de ejecución y partidas presupuestarias previstas, cuya ejecución se extiende hasta 2031, precisa El Periódico.
El Consejo de Ministros del 10 de noviembre autorizó 13 contratos y acuerdos militares por 11.860,3 millones, de los que Navantia concentra aproximadamente 4.642 millones, según El Confidencial. Una semana antes, el 3 de noviembre, el Consejo autorizó otros 4.200,6 millones, y el 27 de octubre se aprobaron 2.196 millones en préstamos públicos para prefinanciar tres programas de Navantia. El total movilizado por el Ejecutivo en las últimas semanas supera los 18.250 millones en contratos y financiación militar, a menos de 20 días de las elecciones del 29N.
El paquete incluye la evolución tecnológica de los submarinos S-80, con 2.373 millones; la construcción de seis corbetas europeas (EPC), con 1.786 millones financiados con préstamos de Industria; dos nuevos buques (uno hidrográfico oceánico, por 345 millones, y otro de inteligencia, por 591 millones); la modernización de los cazaminas de la clase Segura, por 527,3 millones; la de los buques anfibios Galicia, por 594,8 millones; y una partida de 792 millones para el misil de lanzamiento submarino de los S-80. Fuentes de la compañía aseguran que el reparto de las corbetas entre los astilleros de Navantia aún no está decidido.
A las órdenes de la OTAN
El plan se inscribe en el plan de rearme europeo que impulsa reforzar las fuerzas armadas y el complejo militar industrial, donde Navantia es una de las grandes beneficiadas junto a Airbus e Indra. Moncloa justifica los PEM como el mecanismo para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar que ordenaba la OTAN, una cuantía que la Alianza elevó al 3,5% el año pasado, y los préstamos públicos al 0% proceden del Ministerio de Industria. El grupo público, que lleva casi 20 años en números rojos, acumula además 2.220 millones en préstamos participativos de la SEPI, la entidad que lo controla orgánicamente.
Investigación de la Fiscalía Anticorrupción
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre posibles irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa relacionados con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa por más de 7.200 millones de euros, según Antena 3 Noticias y El Periódico. Las pesquisas apuntan a las citadas adjudicaciones gigantescas de programas militares y a los préstamos públicos concedidos para financiarlos, con contratos relacionados con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano, que habrían concentrado una parte importante de los fondos públicos destinados al plan de rearme español. La investigación comenzó en enero de este año, después de que un particular presentara en diciembre del año anterior una denuncia por posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. El denunciante sostiene que desde 2020 se habría producido un patrón de adjudicaciones fraudulentas que podría haber favorecido a ambas compañías: alrededor de 6.077 millones de euros de los programas analizados habrían terminado en Indra, Escribano o uniones temporales de empresas en las que participan.
Entre las operaciones examinadas figura el programa de vehículos de combate 8x8, adjudicado en 2020 por unos 2.100 millones de euros al consorcio TESS Defence, integrado por Indra, Escribano, Santa Bárbara y SAPA. También aparece el sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado en 2023 por 576 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Escribano y la alemana Rheinmetall Expal, aunque este contrato fue anulado en septiembre de 2025.
La denuncia cuestiona que varias adjudicaciones se realizaran con procedimientos negociados sin publicidad o con una competencia limitada, amparándose en excepciones previstas por la normativa europea para proteger lo que ellos denominan “intereses esenciales de seguridad nacional”. Anticorrupción analiza también las condiciones de los préstamos públicos concedidos para financiar estos programas: en octubre de 2025 el Gobierno aprobó 6.890 millones de euros en créditos destinados a 18 proyectos de modernización militar, con un interés del 0% y, con carácter general, sin exigir avales ni garantías patrimoniales a las empresas beneficiarias. Para esclarecer los hechos, la Fiscalía solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado un informe sobre la regularidad de los expedientes; el primer documento se entregó en abril y posteriormente se encargó un segundo análisis más exhaustivo. Las diligencias continúan abiertas para determinar si existieron irregularidades en las adjudicaciones y en la financiación de los contratos. El Ministerio de Defensa asegura que “todas las operaciones se han llevado a cabo conforme a la legalidad”, y que la apertura de estas diligencias no implica, por sí misma, que se hayan acreditado delitos cometidos.