El Gobierno autoriza 11.860 millones en armas en un solo Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros del pasado 10 de noviembre autorizó 13 expedientes del Ministerio de Defensa por 11.860.333.249,78 euros, según las referencias oficiales de La Moncloa y el Ministerio de Defensa. La mayor partida corresponde a la compra de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones, por 3.396,7 millones distribuidos en diez anualidades, seguida de la modernización de los submarinos S-80, por 2.373,6 millones. El paquete incluye también sistemas contra drones (C-UAS) por 1.450,3 millones, la modernización de los helicópteros NH90 por 996 millones, un misil de lanzamiento submarino por 792 millones, la modernización de los buques anfibios Galicia por 594,8 millones, un buque de inteligencia por 591,3 millones, la modernización de los cazaminas Segura por 527,3 millones, misiles Taurus NEO por 480 millones, un buque hidrográfico oceánico por 345,1 millones, la modernización de buques de superficie por 209,8 millones, Taurus MLR/MLU-II por 65 millones y apoyo logístico Canadair por 38,4 millones. El Gobierno justifica el paquete como parte de su plan para mantener el gasto militar en el equivalente al 2% del PIB, cumpliendo con las órdenes de la OTAN.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, observatorio crítico con el gasto militar, cuestiona la contabilidad oficial, ya de por sí alta. Según sus cálculos, que incorporan partidas de otros ministerios como la Guardia Civil y los intereses de la deuda asociados al sector bélico, el gasto militar real español alcanzó en 2025 los 39.476 millones de euros, un 2,42% del PIB, un 35% más que en 2024. El cálculo oficial de la OTAN para ese año es de 33.123 millones, más de 6.000 millones por debajo. El Centre Delàs, en cambio, pone el foco en los 42 grandes programas de armamento aprobados para los próximos quince años, que ya suman más de 33.000 millones y se apoyan en créditos del Ministerio de Industria por valor de 22.827 millones. El observatorio advierte de que la financiación vía créditos y préstamos puede ocultar el coste real del rearme. El paquete de 11.860 millones se financia en parte con créditos del Ministerio de Industria y préstamos a Navantia valorados en 2.196 millones; el Gobierno ha abierto una vía excepcional para que Defensa siga comprando armas sorteando el cierre presupuestario.

Pere Ortega: “El no a la guerra del Gobierno español se convierte en una falacia porque estamos contribuyendo a lo que nos pide la OTAN y la Unión Europea”

Casi la mitad de los 11.860 millones ha ido a parar a Navantia y Airbus. La primera de ambas empresas recibe cerca de 4.642 millones para buques de inteligencia, hidrografía y mantenimiento, mientras que Airbus Helicopters España se encarga de la modernización de los NH90 por 996 millones; entre las dos suman 5.638 millones. Pere Ortega, investigador del Centre Delàs experto en gasto militar, ya advirtió durante la presentación del informe de abril de 2026 que el aumento del gasto implica recortes en otros ministerios que afectarán a servicios públicos como la vivienda, la salud y la educación. Ortega afirmó que “el no a la guerra del Gobierno español se convierte en una falacia porque estamos contribuyendo a lo que nos pide la OTAN y la Unión Europea”. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs, subrayó que el aumento récord del gasto militar español “muestra que las presiones de la OTAN han surtido efecto” y expresó su deseo de que este incremento no acabe por traducirse en una mayor implicación del ejército español en guerras.

Otros 4.200 millones en la semana anterior

La cifra de 11.860 millones se suma a otros 4.200 millones aprobados la semana anterior, el 3 de noviembre, para sistemas de navegación, modernización de plataformas aéreas y munición de artillería, elevando el total de compromisos de gasto militar en 2026 a 29.825 millones. La OTAN ha elevado el objetivo de gasto bélico del 2% al 5% del PIB, una presión que explica la aceleración del rearme español, según el Centre Delàs, que advierte de que este objetivo puede traducirse en recortes en servicios públicos y en una mayor militarización de la política exterior. Estos 11.860 millones autorizados no equivalen a un desembolso inmediato: son valores estimados a partir de contratos y órdenes de ejecución que se abonarán en sucesivos ejercicios presupuestarios hasta más allá de 2032.