El Congreso rechaza la prórroga automática de alquileres y aprueba un decreto de vivienda recortado y regresivo

La Diputación Permanente del Congreso rechazó este jueves el Real Decreto-ley 28/2026, que preveía la renovación automática de los contratos de alquiler, y aprobó el 29/2026. La votación del primero quedó en 34 votos a favor y 35 en contra; la del segundo, en 35 a favor y 34 en contra. El PNV, con un representante, fue la llave: apoyó el primer decreto y rechazó el segundo, sumándose a PP, Vox, Junts y UPN. La diputada del PNV Maribel Vaquero justificó el ‘no’ al decreto de alquileres: “Generaría mayor inseguridad” y “provocaría detraer la oferta del alquiler”. La votación llegó tan solo un día después de la huelga general del 11N y a las puertas de la campaña electoral del 29N.

El decreto rechazado, impulsado por Sumar, que a su vez recogió algunas de las peticiones del movimiento de vivienda en el ‘Decreto Maricarmen’, establecía prórrogas sucesivas automáticas de cinco años (siete si el arrendador era una persona jurídica) y una indemnización de al menos doce mensualidades si el propietario decidía no renovar, pero establecía excepciones como la vivienda propia o de familiares. El 29/2026 incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de vivienda habitual que finalicen hasta el 31 de diciembre de 2028, una presunta “prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030” y límites a las actualizaciones anuales hasta finales de 2027. Los decretos ya habían sido rechazados el 2 de octubre por el Congreso con los votos de Junts, PP, Vox y UPN, a los que se sumaron PNV y Coalición Canaria en el caso del decreto de alquileres, precipitando que el Gobierno a disolviera las Cortes y convocara elecciones anticipadas para el 29N, mientras se llenaba la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol en Madrid.

“Regalo a los caseros”

Sin embargo, el decreto rechazado escondía un bloque fiscal que el movimiento de vivienda calificó de “paraíso fiscal para rentistas” y “regalo a los caseros”. La norma permitía una reducción de hasta el 100 % en el IRPF para los rentistas que bajaran el alquiler más de un 5%, frente a un 10% para los inquilinos y con umbrales de renta que excluían a la mayoría de los hogares alquilados. Según la memoria económica, el impacto neto en rebajas fiscales ascendería a unos 1.850 millones de euros, con una merma de 370 millones solo por la desgravación a rentistas. Además, Gestha detalla que solo 121.573 inquilinos se beneficiaban de la deducción residual por alquiler, con un alivio medio de 212 euros, mientras 2,2 millones de rentistas disfrutaban de un beneficio fiscal medio de 3.006 euros. De cada 100 euros que cobran los rentistas, apenas 24 llegan a Hacienda, mientras un asalariado con 30.000 euros brutos paga 4.926 euros de IRPF. Las deducciones a rentistas restaban así cada año más de 1.200 millones a las arcas públicas, el equivalente a ocho hospitales públicos de tamaño medio o al salario de más de 30.000 docentes. Incluso la AIReF advirtió de que la medida era regresiva: el 1% de los declarantes con mayores rentas concentraba el 15% del beneficio, mientras el 50% con menores rentas apenas percibía el 5%. El Sindicato de Inquilinas denunció la “asimetría flagrante”: “Caseros pueden llegar al 100% de exención; inquilinos solo al 10% y con umbrales muy restrictivos”. FACUA habló de “cortina de humo”, y UGT, CCOO y la propia FACUA coincidieron en que los incentivos solo se justifican si van ligados a resultados verificables y no deben alcanzar a tenedores de tres o más viviendas.

No prohíbe los fondos buitre

Por otro lado, el decreto tampoco prohíbe a los fondos buitre: solo limita temporalmente (hasta el 31 de diciembre de 2028) las compras por debajo del 70% del precio de tasación, sin fijar quién debía tasar, y a partir del 1 de enero de 2029 la restricción desaparece. Además, la letra pequeña revela que el supuesto blindaje frente a los desahucios hipotecarios no es uniforme: la suspensión reforzada hasta el 31 de diciembre de 2030 solo se aplica cuando quien demanda es una entidad que haya adquirido inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en las condiciones del artículo 2.1; para el resto de demandantes, incluidos determinados bancos, la suspensión se revisa periódicamente, puede levantarse por las causas previstas en la norma y tiene una duración máxima de tres años. El investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga advirtió de que las ayudas fiscales “avivan el fuego del ascenso de precios”; el abogado Pablo Feu lo calificó de “error de libro”; y José María Mollinedo, de Gestha, resumió: “Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”.

Críticas del movimiento de vivienda

En consecuencia, una parte del movimiento de vivienda cargó contra el conjunto de la operación y contra el relato del “escudo social” desde el inicio. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya calificó de “circo parlamentario” la presentación de dos decretos por separado y denunció que colocar la renovación automática en un segundo texto era “un gesto puramente simbólico” del Gobierno, que la aprobaba “para quitarse responsabilidades, pero con la tranquilidad de saber que Junts no lo ratificará”. Su portavoz, Gisela Bermúdez, señaló que “es la enésima prueba de que ningún partido político es capaz de resolver la crisis de la vivienda. Y no es por incompetencia, es porque en última instancia siempre están del lado del rentismo; no están dispuestos a romper con la sociedad capitalista”. Para el SHSC, las bonificaciones fiscales al rentismo son “una derrota” porque un decreto impulsado por la emergencia habitacional “está utilizándose para blindar y fomentar aún más la rentabilidad del rentismo”, y advirtió de que la moratoria “se aprueba con agujeros importantes, como dejar fuera los contratos de pequeños rentistas”. Recordó que “a la hora de la verdad, los desahucios los seguían parando a la puerta los sindicatos de vivienda”. Planteó como medidas de urgencia “la expropiación de todos los pisos de grandes tenedores”, “la bajada del 50% de los precios del alquiler” y “los contratos indefinidos”.

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denunció que el decreto “no aborda la gravedad del problema” y llamó a “tomar las calles”: “Estamos hartos de parches: hay que expropiar a los especuladores, prohibir la especulación y planificar la vivienda según las necesidades sociales”. Los datos presentados por la organización en un infome desmienten la eficacia de las supuestas “protecciones” existentes, recordando que no es cierto que paren los desahucios: el CGPJ registró 4.005 lanzamientos ejecutados en el primer trimestre de 2026, una media de 44,5 desahucios diarios; desde junio de 2018 se han ejecutado más de 272.000 desahucios, unos 90 al día, y en la última década suman 425.262 en el Estado español, 116,6 al día, según los datos del CGPJ. Con la moratoria en vigor entre 2020 y 2025 se ejecutaron 187.794, 85,8 diarios: el sindicato estima que la moratoria solo evitó en torno al 29% de los desahucios que potencialmente podía paralizar, y el Observatori DESCA documentó que entre 2021 y 2023 solo se aplicó en 24.659 de los 100.021 casos posibles, es decir, tan solo uno de cada cuatro. “La mayoría de desahucios se han seguido ejecutando con la moratoria en vigor”, concluye el informe del Sindicato Socialistas de Vivienda de Euskal Herria, que revela además que, en el caso de las administraciones vascas, han pagado 1.746.245,02 euros de dinero público a rentistas en concepto de “compensación por la moratoria”, repartidos en 336 solicitudes. Por lo tanto, el sindicato cuestiona el carácter de “escudo social”, tanto de las anteriores medidas como de las actuales, y considera que es especialmente grave que se paguen con dinero público y a precio de mercado “las mensualidades del alquiler a los rentistas, sean estos grandes o pequeños propietarios”. Concluyó que “la vivienda debería ser un derecho garantizado en la misma medida que la sanidad o la educación” y que “el principal obstáculo es el negocio de la vivienda”: “Mientras la vivienda sea fuente de negocio de unos pocos, no podrá convertirse en un derecho colectivo garantizado”.

Escalada de precios y concentración de la propiedad

El precio medio del alquiler acumula una subida del 43% desde 2015, casi el doble que los salarios, que crecieron un 27% en el mismo periodo, según el análisis de elDiario.es a partir de los datos del Ministerio de Vivienda. Seis de cada diez pisos en alquiler pertenecen ya a rentistas con más de una vivienda, casi tres millones de personas destinan más de un tercio de sus ingresos a la vivienda y la “Gran Transferencia” de inquilinos a caseros alcanzó en 2025 los 28.000 millones de euros, de los que el 10% más rico concentra casi la mitad. El gestor de vivienda social Javier Burón advirtió: “Por primera vez en un siglo, amplias partes de la población igual tienen que vivir de alquiler toda la vida”. El Gobierno cifró en 4.341 euros el ahorro por hogar de la prórroga aprobada, según El Periódico, y Oxfam calculó que el rechazo de los contratos indefinidos podría empujar a cerca de un millón de personas inquilinas más a sobreesfuerzo económico, hasta superar los 3,3 millones. Como añadido, PP y Vox prometen derogar incluso el presente decreto y la ley de vivienda de 2023 si llegan al poder.