Pedro Sánchez: “Fernando es el mejor ministro del Interior de la democracia española”

Pedro Sánchez defendió este jueves a Fernando Grande-Marlaska en El Perro Andaluz, en La 1 de TVE, al día siguiente de las cargas policiales del 11N. Lo llamó “mi ojito izquierdo o mi ojito derecho”, y afirmó: “Junto a Rubalcaba, es el mejor ministro del Interior de la democracia española. Es un tipo íntegro y dedicado a su labor”. El entrevistador, Manu Sánchez, le preguntó directamente por la responsabilidad del Gobierno y del ministro sobre las violentas cargas policiales del 11N, que han provocado indignación y peticiones de dimisión incluso entre sus aliados: “¿De dónde viene la orden? ¿Viene del ministerio? ¿Viene de Marlaska?”. Sánchez dijo “desconocer” quién dio la orden de cargar, y prometió “revisar los protocolos si han fallado” y evitó criticar a los agentes que “se baten el cobre”.

La entrevista se emitió tan solo 17 días antes de las elecciones del 29N. El 11N, la Policía Nacional española cargó sin incidentes previos en la Gran Vía de Madrid con porras, gases lacrimógenos, pelotas de goma y spray de pimienta. El balance de detenciones fue de 115 en toda la jornada: 47 de la Policía Nacional y la Guardia Civil sin contar Catalunya y Euskal Herria, 52 en Catalunya y 16 en Euskal Herria, con 20 arrestos en Madrid, según RTVE. Amnistía Internacional documentó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alacant, Castellà, Gasteiz, València, Málaga, Granada y Santiago de Compostela, con golpes de porra a manifestantes que ejercían su derecho de manifestación y el uso indiscriminado de spray de pimienta, incluso contra una persona sin techo que se encontraba en la Gran Vía.

El largo historial de Marlaska: torturas no investigadas, infiltraciones policiales en movimientos sociales, masacre de Melilla y mucho más

Cuando Sánchez se refiere a Marlaska como “el mejor ministro del Interior de la democracia española” y “tipo íntegro y dedicado a su labor”, no solo justifica las acuaciones policiales del 11N, sino todo lo anterior: Marlaska cumula al menos seis condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español por no investigar denuncias de torturas, hecho también criticado por la ONU. Como juez instructor de la Audiencia Nacional, Marlaska ordenó la detención de Beatriz Etxebarria el 1 de marzo de 2011; ella denunció torturas durante la incomunicación y el informe médico-forense del día siguiente detallaba lesiones y relatos de malos tratos, pero el TEDH condenó al Estado español por no investigar. Marlaska respondió: “Esa denuncia no fue corroborada por el médico-forense”. En enero de 2011 ordenó la detención de Iñigo González, que también denunció torturas; el TEDH condenó al Estado español en enero de 2021 y señaló directamente que Marlaska “no respondió a las solicitudes de los miembros de la familia del demandante relativas a las medidas de investigación y protección”. En el caso Segi, incluso la Audiencia Nacional criticó a Marlaska por no haber tomado “medidas para evitar que los acusados fueran torturados para obtener una declaración” y describió las declaraciones como hechas “en un contexto inquisitivo y secreto sin ninguna garantía”; los 40 acusados fueron absueltos. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura calificó en 2011 de “sorprendente” que todas las detenciones incomunicadas de los cinco primeros meses del año hubieran sido autorizadas por el mismo juez.

El 24 de junio de 2022, cerca de 1.700 personas migrantes intentaron acceder a Melilla y al menos 23 murieron, con más de 70 desaparecidos. Marlaska defendió la actuación “proporcionada” de la Guardia Civil y afirmó que “no hubo ningún muerto en territorio español”, una tesis contradicha por investigaciones de la BBC y Lighthouse Reports. La Guardia Civil admitió haber usado 65 pelotas de goma y 86 botes de humo; Marlaska insistió en calificar la actuación de “proporcionada, legal y necesaria” y negó cualquier responsabilidad. Border Forensics y el centro Iridia concluyeron que “la masacre del 24 de junio de 2022 fue una emboscada” con una “respuesta policial inhumana y degradante”, y señalaron directamente España y Marruecos. La Fiscalía española archivó por “no ver delito” y la marroquí hizo lo mismo en junio de 2024.

En paralelo, al menos 13 policías se infiltraron en movimientos sociales desde 2022, según La Directa, El Salto y elDiario.es, con identidades falsas oficiales emitidas por Interior (DNI, carné de conducir, tarjeta sanitaria y cuentas bancarias), todo ello sin control judicial conocido. Algunos incluso se matricularon en universidades y cotizaron a la Seguridad Social bajo la identidad falsa, con la cual podrían haber votado hasta dos veces en las elecciones. El Ministerio ni siquiera ha facilitado cifras totales. Un estudio de Alexandre Méaude publicado en Tendencias Sociales documentó que las infiltraciones en los movimientos sociales provocan “trauma colectivo, fragmentación organizativa y desconfianza estructural” y la dimensión de género: cinco mujeres que mantuvieron relaciones sexoafectivas con el infiltrado Daniel Hernández Pons presentaron una querella por abusos sexuales, y la jurista Sara López Martín recordó que “para que pueda haber consentimiento, tú tienes que saber quién es la persona con la que te acuestas; claramente estamos frente a una práctica de violencia machista”.

A pesar de las graves denuncias, señaladas como “muy preocupantes” por la ONU, Marlaska justificó las infiltraciones y nombró número tres del Ministerio a Eugenio Pereiro, exjefe de la Comisaría General de Información durante las infiltraciones. Al parecer, Interior mantiene el interés de recopilar información sobre el pensamiento político de las personas, no solo de los militantes de movimientos sociales, también de periodistas: el departamento de Comunicación del Ministerio elaboró un dossier de 54 folios con 280 tertulianos, sus fotografías y etiquetas ideológicas como “apoya al Gobierno” o “reconocido anti-sanchista”.

En otro orden de cosas, Interior inscribió en agosto de 2024 a la organización neonazi Núcleo Nacional en el Registro Nacional de Asociaciones alegando que sus estatutos solo mencionaban “actividades deportivas y medioambientales”, pese a las alertas que provenían incluso de la Policía; ahora, una jueza ha ordenado el cierre de la organización tras detener a 14 de sus miembros, que poseen varias armas largas de fuego, han sido acusados de captar a menores para cometer agresiones y han realizado entrenamientos militares en Ucrania con intenciones de provocar un “levantamiento armado”. En relación con la memoria histórica, Interior retiene más de 80.000 cajas de documentación del aparato represor franquista, incumpliendo la Ley de Memoria Democrática, según investigadores y familiares de represaliados. En abril de 2025, en pleno genocidio del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, adjudicó por 6,6 millones de euros un contrato a dos empresas israelíes para 15,3 millones de balas del calibre 9 mm, pese al “compromiso de veto” del Gobierno, y no rescindió el contrato porque la Abogacía del Estado lo desaconsejó. De forma similar, mantiene la compra de chalecos antibalas a la empresa israelí Guardian Homeland Security. En diciembre de 2025 Marlaska trató de nombrar comisario provincial de Lleida a Antonio Royo Subías, condenado por acoso sexual en 2003, aunque tuvo que dar marcha atrás tras el revuelo. A todo esto se suman numerosos casos represivos recientes como los 25 obreros gaditanos detenidos en la “Operación Fuego” a raíz la huelga del metal, múltiples operaciones policiales y procesos judiciales contra antifascistas y el sonado caso de La Vuelta, donde la Comisión Antiviolencia propuso multas de 3.000 a 4.000 euros a 17 personas por las protestas contra el equipo israelí, con 29 detenidos más, sumando 46 personas detenidas o multadas.