13 policías infiltrados en movimientos sociales desde 2022 pudieron votar dos veces con identidades falsas oficiales

Desde 2022, numerosas investigaciones periodísticas de La Directa, El Salto, elDiario.es y movimientos sociales y políticos del Estado español han documentado al menos 13 casos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), adscritos en su mayoría a la Comisaría General de Información, que se infiltraron con identidades falsas en colectivos de izquierda, independentistas, ecologistas, antifascistas, de vivienda, antirrepresivos y de solidaridad con Palestina. La mayoría son jóvenes de promociones recientes de la Escuela de Policía de Ávila, especialmente la 33ª promoción de 2019 y posteriores. Actuaron sin control judicial previo conocido, integrándose profundamente (amistades, militancia, estudios, trabajos e incluso relaciones sexoafectivas) con documentación oficial válida con nombres falsos emitida por Interior: DNI, carnet de conducir, tarjeta sanitaria y cuentas bancarias. Algunos se matricularon en universidades o ciclos formativos y cotizaron a la Seguridad Social bajo la identidad falsa. El Ministerio del Interior no ha facilitado cifras totales ni detalles, a pesar de requerimientos de transparencia por parte de numerosos investigadores.

Las prácticas se han documentado por el momento en Barcelona, Girona, Lleida, València y Madrid. Han generado querellas penales (muchas archivadas) y alguna demanda civil, denuncias de vulneración de derechos (intimidad, integridad moral) y un efecto de desconfianza y desmovilización en los colectivos afectados. En 2025 se destaparon al menos tres nuevos casos, confirmando la continuidad de la estrategia. Entre los nombres operativos documentados figuran Marc Hernàndez Pon (Barcelona, SEPC, Resistim al Gòtic), Daniel Hernández Pons (Barcelona, movimiento de vivienda y entornos okupas), María I.T. / María Perelló (Girona, movimientos por la vivienda, antirracistas e independentistas), Ramón Martínez Hernández (València, Cuidem Benimaclet, CSOA l’Horta), Joan Llobet García (Lleida, Ateneu Cooperatiu La Baula, PAH Lleida), Belén Hammad Gómez (Barcelona, Comunitat Palestina de Catalunya), Sergio Gigirey Amado (Madrid, Distrito 14, Movimiento Antirrepresivo de Madrid), y Marta “la Estupa” / María Ángeles (Madrid, Coordinadora Antifascista de Madrid, caso excepcional de larga duración, ~35 años).

Sin embargo, recientemente ha sido señalado un aspecto electoral antidemocrático en el entorno que investiga estas acciones policiales, en un hilo del usuario de X @undercover_25_, concretamente, que advierte de un riesgo adicional: cualquiera de estos 13 policías infiltrados descubiertos podría haber votado dos veces en unas elecciones, una con su identidad real y otra con la ficticia. El Ministerio del Interior y la Comisaría General de Información facilitan a estos agentes documentos reales y válidos para las identidades falsas, como se ha comprobado en todos los casos conocidos. Algunos se matricularon en universidad o ciclos de FP y trabajaron/cotizaron a la Seguridad Social bajo la identidad falsa para reforzar la tapadera y generar vínculos. Aunque algún documento podía ser falsificado, la mayoría de la documentación era oficial y operativa. Esto convierte las identidades operativas en herramientas potencialmente utilizables para actos cívicos formales (como el voto), más allá de la mera vigilancia. Por tanto, la práctica sistemática de vigilancia prolongada sobre movimientos sociales puede desencadenar efectos electorales imprevistos por las propias autoridades que la diseñan y se limitan defender genéricamente, sin necesidad de dar explicaciones. Más allá de si el doble voto llegó a producirse, es grave el mero hecho de que eso no se produjera dependiera de la voluntad individual de los agentes: la existencia de documentación oficial válida para votar sitúa la integridad del proceso electoral en manos de la decisión personal de cada infiltrado, sin que exista un mecanismo institucional que lo impida o lo verifique.

El marco legal de estas operaciones es cuestionado, llegando incluso a instancias de la ONU. Fuentes jurídicas consultadas por La Directa apuntan a que la infiltración policial y la figura del agente encubierto están reguladas por el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el juez de instrucción competente, o el Ministerio Fiscal, “podrán autorizar funcionarios de la policía judicial, mediante resolución fundada, a actuar bajo identidad supuesta”. Se trata de una metodología especial de investigación “más agresiva con el sistema de garantías” que el resto de medios convencionales, y por eso “el desarrollo de la infiltración policial solo se contempla en determinadas circunstancias y exclusivamente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”. En el caso del agente infiltrado en València bajo la identidad de Ramón Martínez Hernández, La Directa documentó que disponía de un Documento de identidad falso e incluso de un número de afiliación falso en el Sistema de Salud valenciano. El senador Carles Mulet García (Grupo Parlamentario Izquierda Confederal) ha presentado preguntas escritas y solicitado la comparecencia del agente ante la Comisión de Interior del Senado. En Catalunya, el Parlament ha celebrado una Comisión de Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares, en la que La Directa ha detallado que todos los infiltrados destapados por el medio han operado “bajo las órdenes de la Comisaría General de Información”, un servicio de inteligencia “cerrado a cal y canto gracias a una ley franquista, que es la Ley de Secretos Oficiales”.