La justicia ecuatoriana deja a la oposición fuera de las elecciones
La candidata Luisa González sigue en prisión y su partido Revolución Ciudadana queda suspendido a cinco semanas de los comicios del 29 de noviembre.
Ecuador llega a las elecciones seccionales del 29 de noviembre con su principal fuerza opositora, Revolución Ciudadana (RC), suspendida, con la excandidata presidencial Luisa González en prisión preventiva y con varios partidos y candidatos de la oposición inhabilitados o sometidos a investigaciones penales. González fue detenida en la madrugada del 22 de octubre en su domicilio de Canuto, en la provincia de Manabí, por policías armados. Aquella misma noche, en una audiencia cerrada al público celebrada por videoconferencia, la Fiscalía la acusó formalmente de “lavado de dinero” por la financiación de su campaña presidencial de 2023. El 23 de octubre, el juez Harry Navarrete aceptó la petición fiscal de mantenerla en prisión preventiva durante los 90 días que durará la investigación, según NACLA. González fue trasladada bajo custodia armada a la prisión de mujeres de Riobamba. Su compañero Andrés Arauz también figura en una orden de captura, pero salió del país el 8 de octubre. “No es un caso de financiamiento ilegal de campaña”, declaró Arauz a NACLA desde el exterior: “Es un caso de persecución política”.
El caso, conocido como “Laberinto”, comenzó en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en noviembre de 2025, cuando la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó una denuncia sobre las cuentas de la campaña de RC de 2023. El consejo consideró que la campaña había omitido declarar 174.930 dólares en publicidad y cuestionó dos pequeños aportes sin documentación. Aun sumando aquella cantidad, según el fallo, “la campaña gastó mucho menos de lo permitido”. El 7 de abril, el juez del TCE Guillermo Ortega multó a la tesorera de la campaña, Estefanía Molina, con 18.000 dólares y declaró a González y Arauz responsables solidarios. La multa se pagó en junio con una rifa organizada por simpatizantes en Canuto, que recaudó fondos con boletos de cinco dólares. El 24 de junio, el tribunal declaró el caso cerrado, hasta que meses después la Fiscalía reformuló la misma controversia como un “delito de lavado de dinero relacionado con el crimen organizado”, un cargo que conlleva pena de cárcel y que se juzga a puerta cerrada en un tribunal especial creado para “el crimen organizado y la corrupción”. La Fiscalía afirma ahora que “investiga el presunto desvío de unos 500.000 dólares hacia la campaña” a través de una red de empresas y que la campaña se financió “con recursos ilícitos de la comercialización ilegal de hidrocarburos”, según NACLA.
Testigos
Las pruebas del expediente contra González provienen de dos testigos con motivos personales para cooperar. El primero es José Ricardo Cevallos, exfuncionario estatal de control de combustibles que en 2021 pasó a ser director financiero de las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que él mismo había supervisado. En diciembre de 2025 entregó sus móviles y su ordenador a la Fiscalía y se convirtió en testigo protegido. En agosto, un tribunal lo declaró culpable como cómplice en el caso del diésel; el 6 de octubre, un juez suspendió su condena y actualmente está en libertad. Su testimonio, publicado por El Universo el 26 de octubre, describe chats entre el personal de Álvarez y sus proveedores, pero no menciona que González participara en ninguno de ellos. El segundo testigo es Santiago Díaz Asque, exdirector de campaña de González, condenado en mayo a 29 años de prisión por violar a una niña de 12 años. Desde enero ha declarado ante la Fiscalía en el caso “Caja Chica”, que sostiene que la misma campaña de 2023 “se financió con dinero procedente de Venezuela”. El Estado cuenta ahora con dos versiones sobre el origen del dinero y dos testigos con motivos para cooperar: uno ya quedó en libertad y el otro cumple una condena de 29 años.
Suspensión de la oposición: “Lo que no pueden ganar en las urnas, intentan ganarlo en los tribunales”
Las detenciones se produjeron tan solo cinco semanas antes de las elecciones municipales, prefecturales, concejales y de juntas parroquiales del 29 de noviembre. RC ya está inhabilitado para inscribir candidaturas, con la coincidencia de plazos como núcleo de la denuncia opositora: la suspensión, iniciada en marzo, cubre exactamente el periodo de inscripción de candidaturas para unos comicios que el CNE adelantó del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, alegando riesgos asociados al fenómeno climatológico conocido como El Niño, según INREDH.
El 17 de julio, el TCE suspendió también al movimiento Amigo, la plataforma con la que RC pretendía presentar candidatos. El 26 de abril, el CNE disolvió Unidad Popular y Construye, el partido del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio; un tribunal anuló la disolución de Unidad Popular el 3 de junio por vicios de plazo y falta de motivación, pero Construye perdió su registro. Jaime Estrada, candidato de RC a la prefectura de Manabí tras la exclusión de González, fue inhabilitado por una supuesta firma faltante en su inscripción y sujeto a congelamiento de cuentas en una investigación por lavado. El 21 de octubre, la Fiscalía allanó las oficinas del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, miembro de RC que se presentaba a la reelección, por una denuncia por malversación contra su equipo. “Lo que no pueden ganar en las urnas, intentan ganarlo en los tribunales”, escribió Muñoz en redes sociales, según NACLA.
La oposición, varias organizaciones de derechos humanos y analistas críticos con el Gobierno de Daniel Noboa denuncian “persecución judicial”, mientras que el Ejecutivo, que ejerce su influencia sobre la fiscalía, habla de “actuaciones judiciales y electorales conforme a la ley”. El 26 de octubre, Noboa dijo a Radio Sucre que “hay indicios” contra González y que el dinero del narcotráfico y del crimen organizado se usa “para financiar la oposición de este gobierno”. Ese vocabulario convierte una disputa sobre cuentas de campaña y subsidios a los combustibles en “narcoterrorismo”, y este como motivo para audiencias cerradas y prisión preventiva.
Mientras RC enfrenta procesos penales y electorales, Noboa acumula 20 quejas electorales según el medio Wambra: 19 archivadas y una no admitida. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que pasó una década enfrentada al Gobierno de Rafael Correa, emitió un comunicado el día de la detención de González titulado “Sin justicia independiente, no hay democracia”: “Hoy puede ser una organización política; mañana, cualquier otro partido o movimiento”.
En el exterior, el Grupo de Puebla advirtió de que “una democracia que persigue a su oposición corre el riesgo de convertirse en una dictadura encubierta”; el Servicio Paz y Justicia, que encabeza el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, calificó la detención de arbitraria e inconstitucional; y partidos como Morena, de México, y el Frente Amplio, de Chile, la condenaron. Hasta el 27 de octubre, ningún gobierno se había pronunciado, ni siquiera los de izquierda de México y Brasil.
El 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán alcaldes y prefectos, sin Luisa González y su partido en las papeletas. Salvo que un tribunal la libere antes, la mujer que fue dos veces candidata presidencial pasará el día de las elecciones en una celda en Riobamba, y el Gobierno de Noboa no tendrá que derrotarla en las urnas.
