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La impunidad machista de los políticos profesionales

El respaldo orgánico, la prescripción y la lentitud judicial marcan la nefasta gestión de las agresiones en los partidos políticos, que solo activan sus controles cuando los casos llegan a la prensa.

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Imagen de archivo de Carlos Flores Juberías, diputado de Vox condenado por violencia machista, ante Carlos Mazón. Foto: Europa Press
Imagen de archivo de Carlos Flores Juberías, diputado de Vox condenado por violencia machista, ante Carlos Mazón. Foto: Europa Press

Las denuncias por acoso sexual, agresión y violencia machista no escapan a los partidos políticos. Aunque todas las formaciones incluyen protocolos éticos en sus estatutos, las resoluciones judiciales y las investigaciones periodísticas publicadas en los últimos años muestran una brecha frecuente entre el discurso público y la reacción interna cuando los señalados ocupan puestos de poder. En muchos expedientes, la sensación de impunidad no nace solo de la ausencia de castigo penal, sino de la lentitud buscada de los procesos, la prescripción de los hechos o el mantenimiento de cargos públicos pese a existir imputaciones o sentencias previas.

El historial dentro del Partido Popular ofrece ejemplos que abarcan más de dos décadas y que ilustran tanto el peso del respaldo orgánico como las dificultades de las denunciantes. El precedente más conocido ocurrió en Ponferrada, en la provincia de León, donde la entonces concejala de Hacienda Nevenka Fernández denunció al alcalde popular Ismael Álvarez. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo condenó en mayo de 2002 por acoso sexual y el Tribunal Supremo ratificó la pena en noviembre de 2003, fallo avalado después por el Tribunal Constitucional en enero de 2005. Aquel proceso marcó un antes y un después porque, pese a la condena firme, la denunciante sufrió un fuerte aislamiento social e institucional en su municipio.

Años más tarde, en Palma (Mallorca), el exteniente de alcalde de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos fue condenado en octubre de 2009 por la Audiencia Provincial de Balears por malversación de fondos públicos y abusos sexuales a menores, una pena que el Tribunal Supremo rebajó parcialmente. En mayo de 2019, un juzgado volvió a procesarlo por presuntos abusos sexuales cometidos durante sus permisos penitenciarios. Mucho más reciente es el caso de Móstoles, en la Comunidad de Madrid, que ha marcado la agenda política de 2026. En febrero de ese año, una exconcejala del PP denunció al alcalde popular del municipio, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral. De acuerdo con las informaciones publicadas por El País entre febrero y noviembre de 2026, la dirección estatal del PP archivó inicialmente el expediente interno sin llegar a citar a la denunciante. Sin embargo, un juzgado de Móstoles admitió a trámite la querella, imputó al regidor en julio de 2026 y señaló su declaración judicial tras varios aplazamientos solicitados por su defensa. Pese a la investigación abierta, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso mantuvo su respaldo político al alcalde apelando a su “inocencia”.

Vox

En el caso de Vox, las controversias se han centrado tanto en dirigentes condenados por delitos graves como en la permanencia en las listas electorales de cargos con antecedentes por violencia machista. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en Huércal de Almería, donde el exportavoz municipal de la formación, Arturo Ramón Torres Escamilla, fue condenado en enero de 2025 a nueve años de prisión por dos delitos de agresión sexual continuada contra una menor de doce años, hija de su expareja. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó íntegramente esa condena en octubre. A este precedente se suma el de José Antonio Ortiz Cambray, exlíder de Vox en Lleida, condenado en 2020 a catorce años y tres meses de cárcel por abusar sexualmente de dos hombres con discapacidad psíquica.

A diferencia de esos exdirigentes locales expulsados o apartados tras conocerse los hechos, el diputado en el Congreso por València Carlos Flores Juberías ha mantenido su escaño pese a contar con una sentencia firme previa. Según documentaron la Cadena SER y laSexta en junio de 2023, la Audiencia Provincial de València lo condenó en 2002 por un delito de violencia psíquica habitual y veintiún faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su exesposa, con una pena de un año de prisión suspendida por carecer de antecedentes, orden de alejamiento e indemnización. Otras condenas firmes afectaron a cargos locales como el excandidato en Benidorm David Pérez Brígido en 2019 o el exconcejal en Badajoz Javier Liso en 2024, quienes abandonaron sus puestos tras los fallos judiciales.

La barrera legal del tiempo también ha impedido esclarecer penalmente acusaciones históricas de gran impacto simbólico. El 20 de febrero de 2026, un juzgado de Madrid archivó la denuncia presentada meses antes por una mujer contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, fundador de la extinta UCD, por presuntos abusos sexuales ocurridos décadas atrás. Tal como explicó RTVE aquel día, el auto judicial determinó que el fallecimiento del exmandatario en 2014 y la prescripción penal de los hechos hacían imposible abrir una causa, dejando el caso sin recorrido en los tribunales.

Casos en la izquierda

Las crisis por denuncias de violencia machista tampoco han sido ajenas al PSOE ni a las formaciones situadas a su izquierda, donde varios dirigentes se han visto obligados a dimitir entre reproches por la lentitud de los controles internos. En el seno del PSOE, el exalto cargo de Presidencia del Gobierno y dirigente federal Francisco Salazar renunció a sus puestos en julio de 2025 después de que salieran a la luz testimonios de trabajadoras que lo acusaban de acoso sexual y abuso de poder en La Moncloa. En diciembre de 2025, el presidente Pedro Sánchez admitió errores en la gestión interna del caso y cesó a un colaborador directo de Salazar. Poco antes, en diciembre de 2025, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, dimitió de la institución provincial tras ser denunciado por militantes por presunto acoso sexual, aunque conservó la alcaldía de Monforte de Lemos como concejal no adscrito. En marzo de 2026 la Fiscalía presentó querella contra él y en septiembre de 2026 otras dos mujeres declararon como testigos ante la jueza instructora en Lugo.

En el espacio de Sumar y Podemos, el caso con mayor repercusión judicial ha sido el de su cofundador y exportavoz parlamentario Íñigo Errejón, quien dimitió de todos sus cargos en Madrid el 24 de octubre de 2024 tras difundirse acusaciones de violencia machista y presentar la actriz Elisa Mouliaá una denuncia policial por presunta agresión sexual. Pese a que la Fiscalía solicitó el archivo de la causa en diciembre de 2025 por considerar que “no había indicios suficientes”, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid acordó abrir juicio oral en enero de 2026, quedando el procedimiento pendiente de revisión por la Audiencia Provincial de Madrid en diciembre de ese año. Por último, en junio de 2026 la Universidad Complutense de Madrid sancionó con un año de suspensión de funciones por presunto acoso sexista al también cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero tras la denuncia de una alumna presentada en enero de 2025, una resolución administrativa que el profesor recurrió ante los juzgados después de que la Fiscalía archivara una denuncia penal previa por agresión sexual.

El recorrido de todos estos expedientes deja en evidencia una constante en la política española. Más allá de las siglas de cada acusado, los mecanismos internos de prevención suelen activarse solo cuando los hechos trascienden a la prensa o llegan a los juzgados, dejando a menudo a las denunciantes expuestas a largos procesos judiciales y una revictimización mediatizada.