Síguenos en:

Cientos de profesores madrileños protestan contra la “censura” de Ayuso y llevan sus “instrucciones de neutralidad” a los juzgados

Piden medidas cautelarísimas al TSJM contra la orden que amplía los servicios mínimos y las medidas que establecen un formulario para delatar a los docentes que hablen de la huelga en clase.

Añádenos en Google

Manifestación por la educación pública en Madrid. Foto: @CCOOEducaMa (X).
Manifestación por la educación pública en Madrid. Foto: @CCOOEducaMa (X).

Más de medio millar de profesores madrileños se manifestaron este viernes frente a la Consejería de Educación para protestar contra la represión del Gobierno regional del Partido Popular, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que ha dictado una instrucción que prohíbe a los docentes usar las clases, correos o fachadas de los centros educativos para promover la huelga.

Los manifestantes corearon “Menos represión, más educación” y muchos acudieron con una pegatina en los labios con las palabras “censura” y “represión”; a la concentración se sumaron las protestas estudiantiles. Los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están en huelga indefinida desde el 14 de octubre. El controvertido documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección y a los equipos directivos, advierte de que la función de la escuela es “educar, no adoctrinar” y establece un listado de prohibiciones, entre ellas animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas o concentraciones, colocar carteles en fachadas y espacios comunes, o usar los canales institucionales para difundir posiciones favorables al conflicto sindical.

El comité de huelga ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con medidas cautelarísimas para que sean suspendidas de forma inmediata, tanto los nuevos servicios mínimos como las instrucciones de neutralidad y reformulación del temario, según informa El Salto. Su equipo jurídico presentará tres recursos por la vía contencioso-administrativa: el primero contra la orden que amplía los servicios mínimos, al considerar que es un ataque directo al derecho de huelga; los otros dos buscarán anular las instrucciones emitidas el jueves por la Viceconsejería, centrándose especialmente en la de “neutralidad institucional”.

El comité denuncia que la Comunidad de Madrid está utilizando “simples instrucciones, sin rango normativo, para modificar de manera alegal o ilegal la ley educativa vigente”, y califica el conjunto de medidas como un “atropello en tres actos” y un “ataque” contra el derecho de huelga que “restringe derechos fundamentales”. “Pedimos una mesa de negociación y nos preparan un examen de obediencia. Pero la Constitución no es una lista de sugerencias, señora consejera”, advierten en la convocatoria. El comité responsabiliza de “todas las consecuencias de la huelga” al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, “muy especialmente”, a la consejera Mercedes Zarzalejo, a la que exige retirar la nueva orden y las dos instrucciones y, posteriormente, su dimisión.

Los profesores han hecho suyos lemas y acusaciones que les ha vertido la propia presidenta regional, como el término “garrapatas”, que muchos portaron en pancartas. “Atendemos de media 600 alumnos, tenemos protocolos pendientes desde hace dos años. Pedimos una orientadora cada 250 alumnos para poder de verdad atender las necesidades de los colegios”, explicaron a EFE dos orientadoras del equipo general de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal y Vicálvaro.

El modelo de comunicación de incidencias que deberá firmar la dirección del centro cuando detecte a un profesor “transmitiendo ideas políticas” o pidiendo “unirse a las protestas” es, según el comité de huelga, “una herramienta que busca dividir al profesorado, que alienta al chivatazo contra el compañero, que pretende debilitar la lucha colectiva”.