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“Instrucciones sobre el deber de neutralidad”: Madrid prohíbe hablar de la huelga en clase y habilita un formulario para denunciar a los profesores

La Viceconsejería de Educación envía a los centros públicos un documento de 11 páginas que veta carteles, pancartas y cualquier mención a la huelga ante los alumnos, y crea un canal para que familias, estudiantes o personal delaten a los docentes.

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La Comunidad de Madrid ha enviado a todas las direcciones de los centros públicos no universitarios un documento titulado “Instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos de enseñanza no universitaria”, firmado por el viceconsejero José Carlos Fernández Borreguero.

El escrito, que consta de once páginas y doce apartados, llegó este jueves a colegios e institutos detallando las restricciones que, según el Gobierno regional, “garantizan la neutralidad y que los profesores cumplan su función de educar y no adoctrinar”. Entre otras medidas, prohíbe cualquier pancarta, cartel o elemento relacionado con la huelga, impide hablar de ella delante de los alumnos y crea un formulario que puede rellenar cualquier padre, madre, alumno o personal del centro para denunciar a un docente que incumpla estas instrucciones.

El documento define el adoctrinamiento como “la utilización de la posición docente o de los medios del centro para imponer, promover o recabar la adhesión de los alumnos a una opción política, ideológica o sindical determinada”, y en su apartado 6, dedicado a “lo que no está permitido ante los alumnos”, establece que el profesor no deberá “transmitir a los alumnos sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las compartan, ni dirigir su conciencia moral o política”. También prohíbe “utilizar las clases, las tutorías, las tareas, las lecturas, los exámenes, las actividades complementarias o los periodos de servicios mínimos para ganar el apoyo de los alumnos a cualquiera de las partes de un conflicto político, ideológico o sindical”, así como “pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones”.

En materia de carteles, los docentes no podrán “colocar o exhibir en fachadas, vallas, canales institucionales o espacios comunes elementos que, atendiendo a su contenido y contexto, atribuyan al centro una adhesión institucional a partidos, candidaturas, organizaciones o posiciones de parte en un conflicto político, ideológico o sindical, salvo los tablones sindicales previstos en la normativa vigente”. El texto precisa que la prohibición de carteles se refiere al edificio y sus espacios, y que “el uso por el personal de prendas, chapas, lazos u otros distintivos personales no constituye por sí solo un incumplimiento”.

El apartado 9 obliga a la dirección del centro a “comunicar las incidencias que afecten a la neutralidad” a la Dirección de Área Territorial con un modelo de comunicación incluido como anexo, y el apartado 10 establece que “las familias, los alumnos y el personal pueden comunicar a la dirección del centro o a la Dirección de Área Territorial, a través de los registros oficiales, los hechos que a su juicio vulneren estas instrucciones”.

La Inspección Educativa hará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles y podrá iniciar actuaciones de comprobación, archivar la comunicación o trasladarla al órgano competente. El apartado 11 advierte de que los incumplimientos “podrán dar lugar a la responsabilidad disciplinaria que corresponda”.

El documento invoca la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, la Ley Orgánica de Educación, el Estatuto Básico del Empleado Público y sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre “neutralidad ideológica” y “uso de símbolos no oficiales en espacios públicos”.

El texto llega después de que varias autonomías aprobaran este verano, tras las huelgas del País Valencià y Catalunya, normativas que destacaban el “deber de neutralidad ideológica”, aunque ninguna de ellas ha ido tan lejos como la Comunidad de Madrid en materia reglamentaria, según El País. La regulación valenciana, impulsada por PP y Vox el 31 de julio, atribuyó a la inspección la misión de “velar por la neutralidad ideológica” e incluso articuló un canal de denuncias; Canarias y Galiza también han introducido instrucciones en ese sentido.

“Inconstitucional y educativamente muy peligrosa”

Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense consultado por El País, considera que la norma madrileña “se olvida del derecho a la huelga, que es tan constitucional como el derecho a la educación” y la califica de “inconstitucional y educativamente muy peligrosa, porque fomenta que los padres acusen a los profesores”. Rosa Galán, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense, señala que “el documento empieza hablando de las creencias y el respeto a la religión, pero, cuando entra en el detalle de qué conductas se van a vigilar, son muy concretas: huelga, pancarta, reivindicaciones sindicales”. Pablo Gómez Perpinyà, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, advierte de que “la instrucción es una norma de rango administrativo, y lo que pretende es restringir derechos fundamentales, sujetos a una ley orgánica” y sostiene que “gran parte de la norma es anticonstitucional”.