Dos testigos declaran ante la Audiencia Nacional por los envíos de acero de Sidenor a la industria militar israelí
Una extrabajadora administrativa y un miembro del comité de empresa confirman que la compañía no tenía mecanismos de control ni formación para evitar exportaciones a empresas armamentísticas.
La investigación judicial contra la empresa siderúrgica Sidenor por sus exportaciones de acero a la empresa armamentística israelí IMI Systems, filial de Elbit Systems, avanzó este viernes con la declaración de dos testigos clave ante la Audiencia Nacional española, según una nota de prensa difundida por la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel de RESCOP. Las comparecencias, realizadas de forma telemática, se producen después de que el 12 de noviembre de 2025 tres altos cargos de la empresa vasca declararan como investigados por presuntos delitos de contrabando y complicidad con delitos de lesa humanidad y genocidio. En esta ocasión han testificado una antigua trabajadora del área administrativa de Sidenor, conocedora de la naturaleza, las fechas y los destinos finales de los envíos investigados, y quien fuera presidente del comité de empresa en representación del sindicato ELA.
El primer testigo, delegado sindical y miembro del comité de empresa por ELA, ha aclarado que los trabajadores tuvieron conocimiento de las ventas a Israel a través de la prensa. A raíz de esos hechos, los sindicatos ELA, LAB y ESK registraron una solicitud de información a Sidenor para esclarecer la veracidad de las operaciones comerciales y exigir, en caso de confirmarse, el cese inmediato de los suministros de acero a la industria militar israelí. Según el testigo, esa petición de información de los representantes de los trabajadores no obtuvo nunca respuesta, y tampoco la obtuvieron cuando pidieron explicaciones sobre la imputación de los directivos de la mercantil. La segunda testigo, una trabajadora de Sidenor que tuvo conocimiento directo de los envíos, ha corroborado que la empresa no tenía mecanismos de control para evitar envíos a empresas armamentísticas y que no recibió ningún tipo de formación al respecto; la ausencia total de esas herramientas posibilitó los envíos a la industria militar israelí.
Según los datos recogidos en el procedimiento judicial, Sidenor realizó 42 envíos de acero a IMI por un total de 4.587 toneladas y un precio de 5,8 millones de euros. De esas operaciones, 33 tuvieron lugar después del inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza en octubre de 2023. La investigación no se limita a determinar si la empresa incumplió sus obligaciones administrativas al exportar el acero sin las autorizaciones correspondientes, sino que también trata de esclarecer su posible responsabilidad por complicidad en delitos de lesa humanidad y genocidio, atendiendo al destino de los materiales y al conocimiento que la empresa pudiera tener sobre su utilización en la fabricación de armamento.
La acusación popular, ejercida por la Comunitat Palestina de Catalunya en representación de la campaña, sostiene que no puede desvincularse la actividad comercial de las empresas de las consecuencias que sus suministros tienen sobre el pueblo palestino. “El procedimiento continúa hacia adelante. El sobreseimiento solicitado por la defensa fue desestimado por el juez y no fue recurrido por Sidenor. Estas dos declaraciones constatan que siguen subsistiendo indicios de delito. Esperamos que pronto pueda finalizar la instrucción con el procesamiento de los directivos y también de la persona jurídica”, ha señalado David Aranda, abogado de la Comunitat Palestina de Catalunya. La campaña insiste en que “ninguna empresa debe quedar al margen de sus responsabilidades” y en que “la exigencia de un embargo integral de armas a Israel sigue siendo urgente e irrenunciable”.