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El fracaso de las políticas de igualdad en el Estado capitalista

Pese al discurso y las medidas del “Gobierno progresista”, 247 mujeres han sido asesinadas tras pasar por el sistema VioGén, un 25% con denuncia previa, mientras el número de feminicidios no baja del medio centenar anual.

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Imagen de archivo de la Fachada del Ministerio de Igualdad. Foto: El Mundo.
Imagen de archivo de la Fachada del Ministerio de Igualdad. Foto: El Mundo.

Más de dos décadas después de la aprobación en Madrid de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las cifras de asesinatos y las evaluaciones independientes dibujan un panorama nefasto. Pese al discurso triunfalista y autocomplaciente del “Gobierno progresista”, organizaciones de derechos humanos, observatorios de género y órganos fiscalizadores del propio Estado coinciden en el diagnóstico de que el despliegue legislativo y presupuestario de los últimos años no ha logrado frenar los feminicidios ni menguar las causas profundas de la violencia contra las mujeres.

El punto de inflexión reciente de las políticas públicas en el Estado español se situó en septiembre de 2017, cuando el Congreso aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con una dotación inicial de 1.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2018 y 2022. A partir de enero de 2020, con la formación en Madrid del primer Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, el Ministerio de Igualdad impulsó una agenda normativa que incluyó la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”. Esa línea continuó, con ciertas modificaciones, después de noviembre de 2023, con el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar y la renovación de los fondos del Pacto de Estado.

La cifra de feminicidios no se reduce

Pese a ese impulso político y normativo, los registros oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, muestran una irreductibilidad preocupante de las cifras más graves. Desde el inicio de la serie histórica en enero de 2003 hasta finales de 2023, más de 1.240 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Durante la etapa de los gobiernos de coalición, el descenso se detuvo. En 2020, marcado por el confinamiento domiciliario, se confirmaron 49 mujeres asesinadas tras las revisiones oficiales, en 2021 la cifra volvió a ser de 49 víctimas, en 2022 se registraron 50 y en 2023 el dato repuntó hasta los 58 asesinatos machistas en el ámbito de la pareja, el registro más alto desde 2019, antes de situarse de nuevo cerca del medio centenar en 2024.

Aún así, reducir el balance institucional al recuento de los asesinatos deja fuera la dimensión cotidiana de otras formas de violencia machista, en especial la violencia sexual. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de febrero de 2026 con los datos completos de 2025, en el Estado español se denunciaron 5.363 violaciones, un 2,8 % más que en 2024 y una media superior a las catorce cada día, junto a otros 15.955 delitos contra la libertad sexual ‘sin penetración’. Pese a la entrada en vigor en octubre de 2022 de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, las estadísticas oficiales del Gobierno contra la Violencia de Género muestran una subida sostenida de las denuncias por agresiones sexuales en los últimos años. A ello se suma la llamada cifra oculta, que recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer elaborada por el Ministerio de Igualdad, según la cual más del 90% de las mujeres que sufren violencia sexual fuera de la pareja nunca llegan a denunciar los hechos.

Las grietas del sistema VioGén

El volumen de denuncias tampoco ha dejado de crecer sin que el sistema consiga garantizar siempre una protección efectiva. Según las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados españoles recibieron 182.065 denuncias por violencia de género en 2022 y alcanzaron un récord histórico de 199.282 denuncias en 2023, lo que equivale a más de 545 cada día. Al mismo tiempo, los balances anuales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género constatan de forma recurrente que alrededor de una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor, y que varias de ellas contaban incluso con órdenes de alejamiento vigentes en el momento del crimen.

El primer eslabón donde falla esa cadena de protección es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, conocido como VioGén, creado en 2007 y gestionado por el Ministerio del Interior. Cuando una mujer denuncia a su pareja o expareja, la Policía rellena un cuestionario estandarizado con el que un algoritmo calcula su nivel de riesgo y determina qué vigilancia recibe. Según datos oficiales del propio Ministerio recogidos en una investigación publicada por el diario The New York Times en 2024, al menos 247 mujeres habían sido asesinadas desde la puesta en marcha de VioGén tras haber pasado por el sistema, y en 98 de esos crímenes, 55 víctimas tenían asignado un riesgo “no apreciado” o “bajo”. Aunque en enero de 2025 Interior activó la actualización denominada VioGén 2 para suprimir la categoría de “riesgo no apreciado”, que durante años se aplicó a cerca del 45% de los casos, los fallos continúan. En marzo de 2026, el informe anual presentado por el Defensor del Pueblo ante el Congreso volvió a alertar de “la sobrecarga de los agentes encargados del seguimiento, de fallos persistentes en las alertas telemáticas y de una falta de coordinación real entre los cuerpos policiales, los juzgados y los servicios asistenciales”.

Los fallos en la ejecución de las medidas de protección quedaron expuestos con crudeza en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las penas y medidas de alejamiento. En su auditoría sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas gestionadas a través del centro Cometa, el tribunal detectó “interrupciones del servicio, errores de geolocalización, problemas de batería en los dispositivos y retrasos en las reparaciones”. El informe subrayó además que los desajustes en la transición entre contratos administrativos dificultaron responder adecuadamente en tiempo y forma a 123 requerimientos judiciales.

Más allá de las cifras oficiales

Una distancia similar entre el cumplimiento formal y el impacto real aparece cuando se contrastan los balances del Gobierno con las auditorías externas sobre el Pacto de Estado. El Ministerio de Igualdad publicó la evaluación del periodo 2018-2022, en la que destacó “un elevado porcentaje de ejecución administrativa de las medidas acordadas”. Sin embargo, en 2023, un análisis periodístico difundido por el diario digital Infobae sobre las conclusiones del Tribunal de Cuentas respecto al Pacto explicó que, aunque los fondos transferidos a comunidades autónomas y ayuntamientos se habían aplicado contablemente, el órgano fiscalizador veía necesario “revisar el diseño del acuerdo para mejorar la eficiencia de la asignación del gasto”. Ese mismo diagnóstico alertaba de “la escasez de recursos especializados de atención y prevención en las zonas rurales, donde la dispersión geográfica y la falta de servicios cercanos agravan la desprotección de las víctimas”.

El observatorio independiente Feminicidio.net advierte en su informe anual de 2025 que el estancamiento alrededor de la cincuentena de feminicidios íntimos anuales “exige revisar a fondo las políticas vigentes”. Aunque el observatorio reconoce una tendencia descendente a muy largo plazo desde principios de siglo, señala un repunte preocupante de los feminicidios familiares, cometidos por hijos, padres u otros parientes varones, y critica el subregistro histórico de otras formas de violencia letal contra las mujeres, como los asesinatos vinculados a la prostitución o las agresiones sexuales fuera de la pareja, que el Ministerio de Igualdad no empezó a contabilizar en una estadística paralela hasta 2022.

“Aprobar leyes avanzadas no basta si después fallan los recursos y la aplicación cotidiana en los tribunales y en la red asistencial”

En la misma dirección, incluso Amnistía Internacional reconocido en sus informes que “aprobar leyes avanzadas no basta si después fallan los recursos y la aplicación cotidiana en los tribunales y en la red asistencial”. La organización de derechos humanos reclama evaluar de manera rigurosa el funcionamiento de los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, asegurar asistencia jurídica gratuita y especializada desde antes incluso de presentar la denuncia, acelerar el despliegue efectivo en todas las provincias de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual previstos en la Ley 10/2022 y mejorar la calidad de los datos oficiales para saber qué medidas funcionan y cuáles fracasan.

A estas carencias operativas se suma un problema de enfoque que diversas especialistas en igualdad y sociología han señalado sobre los límites de las políticas actuales. Muchas de las actuaciones institucionales están pensadas para responder a la urgencia policial o judicial cuando la violencia ya ha estallado, pero apenas alteran los factores culturales, educativos y económicos que sostienen la violencia machista. La falta de educación afectivo-sexual y de prevención, las dificultades de acceso a una vivienda o a un empleo estable para que las mujeres puedan romper su dependencia económica hacia los maltratadores y la revictimización durante los procesos judiciales son tan solo algunos ejemplos de las carencias de estas medidas institucionales.