Una treintena de exmilitantes de Segi pedirán que se investiguen sus casos de tortura

Una treintena de exmiembros de la extinta organización juvenil de la izquierda abertzale Segi solicitarán de forma colectiva la reapertura judicial de sus casos de tortura, según ha informado el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria (GEBehatokia). La iniciativa se formalizará este sábado 3 de octubre a las 11:30 en la casa de cultura Okendo de Donostia (Gipuzkoa), en una rueda de prensa en la que intervendrán los abogados Iratxe Urizar (miembro de Behatokia) y Aiert Larrarte, junto a portavoces del colectivo de afectados. Previamente, a las 11:15, la mayoría de los encausados posarán para los medios en Sagües. Los detalles del escrito y los juzgados a los que se dirigirán las peticiones de reapertura se darán a conocer en ese mismo acto.

La denuncia tiene su origen en noviembre de 2009, cuando en una macroredada conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional española detuvieron a 34 personas en diferentes lugares de Euskal Herria e intentaron arrestar a otras ocho que finalmente fueron detenidas en Italia e Iparralde y posteriormente entregadas a la justicia española, todos ellos acusados de pertenecer a Segi, declarada ilegal por los tribunales de Madrid. La macrooperación, en la que participaron más de 650 policías, registró viviendas, gaztetxes, bares, asociaciones vecinales y peñas. Todos los detenidos denunciaron torturas durante el periodo de incomunicación. GEBehatokia subraya que se trata de la iniciativa judicial “más numerosa en la historia de Euskal Herria” relacionada con una operación en la que todas las personas detenidas por las fuerzas policiales españolas denunciaron torturas.

El caso tiene un precedente judicial significativo. La sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de mayo de 2014, redactada por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, remarca que el juez instructor “no tomó ninguna iniciativa de investigación ante las denuncias de torturas de los detenidos” y subraya la situación de vulnerabilidad que genera el periodo de incomunicación. En consecuencia, el propio tribunal cuestionó la validez de las autoinculpaciones obtenidas en régimen de incomunicación y afeó al juez instructor del procedimiento —el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— no haber adoptado medidas de investigación frente a las denuncias de torturas, al igual que ha sucedido en seis de las nueve condenas que ha recibido el Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas, donde Marlaska figura como juez instructor.

Todos los acusados fueron absueltos, pero GEBehatokia recuerda la “impunidad estructural” en torno a la tortura y sostiene que el poder judicial es “sin duda, el último eslabón que sigue sin sumarse a las exigencias internacionales de verdad, reparación y justicia y garantías de no repetición”. “Ha costado décadas superar el negacionismo y construir el consenso que hoy asume la verdad de las denuncias de torturas”, señala el Observatorio, que subraya “el valor, la resiliencia y la valentía” de los denunciantes al exigir la verdad judicial diecisiete años después. La organización ratifica así su “compromiso absoluto” para lograr “la verdad y la reparación” para las víctimas de la tortura y “la justicia hasta ahora negada”.

La trayectoria judicial de Segi ilustra un proceso de criminalización que viene de antes de la macroredada de 2009. La organización nació en junio de 2001 como sucesora de Haika, a su vez fusión de Jarrai y Gazteriak, juventudes de la izquierda abertzale. Al año siguiente, en 2002, el juez Baltasar Garzón la declaró ilegal como “sucedáneo” de Jarrai y Haika, y en 2007 el Tribunal Supremo la calificó de “organización terrorista que complementa la actividad de lucha armada de ETA”, elevando a seis años las condenas para 23 de los 24 procesados en el primer gran juicio contra su dirección. En 2009, la operación que ahora se denuncia pretendía “descabezar la cantera de ETA”, en palabras del Ministerio del Interior, entonces encabezado por Alfredo Pérez Rubalcaba. La estrategia del “todo es ETA” se basó en ilegalizaciones sucesivas y hostigamiento policial, convirtiendo la mera militancia en una organización juvenil independentista en un delito de “pertenencia a organización terrorista”. Las condenas a sus dirigentes y la macroredada de 2009 contra 34 militantes terminó por instalar un clima de terror en numerosos espacios de militancia política en Euskal Herria, desde las estructuras de la izquierda abertzale hasta el movimiento popular. En consecuencia, el Estado logró desgastar la estructura organizativa de Segi hasta dejarla prácticamente desarticulada. En consecuencia, anunció su disolución en junio de 2012. Sin embargo, el Observatorio subraya que “la criminalización de la militancia juvenil no desapareció”, sino que “mutó en nuevas formas de vigilancia, sanción administrativa y criminalización puntual” contra espacios juveniles posteriores.