Interior justifica las infiltraciones policiales en movimientos sociales
El Ministerio responde a las críticas sobre el arresto de Jorge Jiménez, investigador de casos de espionaje contra militantes políticos, práctica denunciada por la ONU.
El Ministerio del Interior ha defendido la labor de los "agentes de inteligencia" de la Policía Nacional española tras las críticas de Sumar por la detención en junio del militante Jorge Jiménez, represaliado por investigar casos de infiltración policial en movimientos sociales. En una respuesta parlamentaria fechada el 20 de octubre a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno español afirmó que estos agentes se dedican a la "captación de información de interés para la seguridad pública" y no realizan su labor "sobre ideologías ni movimientos sociales". Algo que los hechos han desmentido.
Sumar, a través de las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas, había preguntado por las medidas para garantizar los derechos fundamentales de quienes investigan las infiltraciones policiales, señalando que la detención de Jiménez se produjo bajo acusación de "falsedad documental y revelación de secretos". La formación también mencionó casos como el del colectivo Distrito 14 de Moratalaz, que han generado profunda preocupación en los movimientos sociales.
Interior distinguió entre el "agente de inteligencia", que actúa bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el "agente encubierto" regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ejecutivo aseguró que la Policía actúa "con la máxima profesionalidad y con plena sujeción a los valores constitucionales, como es propio de un Estado de Derecho". Por el momento los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional permanecen pendientes de resolución.
La ONU señala al Estado español
Las personas afectadas denuncian severos daños psicológicos e incluso violaciones por parte de los policías infiltrados. La ONU, a través de su Comité de Derechos Humanos, examina al Estado español por estas prácticas irregulares y concuerda en que vulnera los derechos fundamentales. En julio, la vicepresidenta del comité, Hélène Tigroudja, denunció que las infiltraciones policiales sin control judicial son "muy preocupantes" y advirtió que se realizan "fuera del marco legal", dando de plazo hasta el 14 de julio para que el Gobierno respondiera por escrito a estas cuestiones.
Sin embargo, esta no sería la primera vez que en el Estado español se ignoran las denuncias internacionales de prácticas policiales ilegales. De hecho, el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, era juez instructor en 6 de las 9 condenas que recibió el Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar torturas. Actualmente, mientras las víctimas de las infiltraciones denuncian éstas como tortura, la postura de Marlaska sigue inalterable.
