Interior retiene y censura documentación del aparato represor franquista en contra de la ley

El Ministerio del Interior del Gobieno español mantiene bajo llave y en un régimen de opacidad y retención irregular miles de documentos pertenecientes al antiguo Ministerio de la Gobernación de la dictadura franquista. A pesar de que la legislación vigente obliga a los ministerios a transferir al Archivo General de la Administración (AGA) cualquier documento con más de 30 años de antigüedad, el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) custodia todavía más de 80.000 cajas de material histórico. Según denuncian investigadores y familiares de represaliados, esta institución estaría aplicando una censura sistemática sobre los expedientes, ocultando identidades de funcionarios y responsables de la represión.

La actuación de Interior, liderado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, vulnera frontalmente el artículo 27.2 de la Ley de Memoria Democrática, que garantiza, en teoría, "el derecho a consultar íntegramente la información de las víctimas", incluyendo los datos personales de terceros "con independencia de la fecha de los mismos". Investigadores consultados por la Cadena SER, como Mario Lozano, de la Universidad de Barcelona, denuncian que "se está vulnerando la Ley de Transparencia y la Ley de Patrimonio Histórico", señalando que el Ministerio está "protegiendo a agentes políticos que ejecutaron la política represiva de la dictadura". Las pruebas aportadas por los afectados muestran documentos oficiales plagados de tachaduras que cubren nombres y firmas de directores de prisiones y funcionarios.

La gestión del archivo imposibilita además el trabajo académico y la recuperación de la memoria familiar mediante trabas burocráticas y plazos que exceden por mucho el máximo legal de un mes. Laura Bolaños, investigadora de la Universidad Complutense, relata esperas de "más de un año" para recibir copias censuradas, mientras que en otros archivos estatales la consulta es directa y sin tachaduras. En el AGMI no existe sala de consulta física y los investigadores critican que no se permite acceder a los catálogos de los fondos, lo que convierte la localización de información en una tarea imposible al estar los documentos repartidos en decenas de miles de cajas sin catalogar.

Desde el Ministerio del Interior niegan la censura y sostienen que aplican la normativa "con rigor y objetividad", afirmando que transfieren fondos al AGA según la disponibilidad de espacio. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Cultura han desmentido esta versión a la Cadena SER, asegurando que en 2024 Interior ni siquiera respondió a la comunicación de que había espacio disponible para recibir documentos. Cultura subraya que "el número de documentos que manda cada ministerio lo deciden ellos" y que existe un acuerdo firmado desde 2021 para transferir la documentación de la cárcel de Carabanchel que Interior todavía no ha ejecutado.

Esta retención de fondos supone que, tras la próxima transferencia prevista de 6.300 cajas, el Ministerio del Interior seguirá reteniendo ilegalmente más de 70.000 cajas con documentación inédita de la dictadura. Para los colectivos de víctimas, asociaciones memorialistas y académicos, este bloqueo administrativo constituye una barrera deliberada para el acceso a la verdad histórica. Así, familiares de fusilados califican de "imposible" consultar este archivo directamente, tras haber recibido expedientes tardíos y llenos de tachaduras por parte del "Gobierno más progresista de la historia", que sigue impidiendo identificar a los asesinos de sus seres queridos.