La Junta de Castilla y León exige a los cineastas de cortos firmar que no harán “adoctrinamiento ideológico”
La Consejería de Cultura de Vox impone una declaración con cinco días de plazo y sin criterios sobre quién decide qué es “ideologizar”; llega tras cancelar una obra sobre Lorca que la compañía ha denunciado ante la Fiscalía.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, dirigida por el consejero de Vox José Alberto Díaz Pico, ha mandado a los solicitantes de ayudas para cortometrajes de 2026 un documento que deben firmar si quieren acceder a la subvención, según ha tenido acceso elDiario.es. La declaración les obliga a comprometerse a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Tienen cinco días hábiles para firmarla desde que la reciben.
Sin embargo, la Consejería no establece criterios para determinar qué es “ideologizar” y qué no, ni quiénes van a decidir qué cortometrajes pasan el el filtro, recuerda elDiario.es. El concepto de “adoctrinamiento”, de hecho, no está incluido en los baremos. En consecuencia, el requerimiento ya ha generado inquietud en el sector, donde varios creadores entienden que la libertad creativa y de expresión pueden verse condicionadas con dinero público. La orden sobre cortometrajes, publicada el 9 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León, incluye la misma cláusula “ideológica”.
Retirada de una obra sobre Federico García Lorca
La cláusula llega después de que la Junta retirara de la programación la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, de la compañía Proyecto 43-2, prevista para el 24 de octubre dentro del ciclo VI Comunidad a Escena. La Fundación Siglo alegó “obras de carácter inaplazable” en la Sala Experimental del Centro Miguel Delibes. La compañía cree que la cancelación responde a “motivos ideológicos” y ha denunciado ante la Fiscalía de Valladolid para que se investigue la posible comisión de delitos de falsedad, prevaricación y los relacionados con las libertades de expresión y creación artística, argumentando la falta de información y documentación sobre las obras, la inexistencia de documentación en los portales públicos de contratación y la negativa a reprogramar la obra. La directora de la Fundación Siglo, Rebeca Arroyo, en cambio, defiende que no se trata de una cancelación sino de una “suspensión temporal por obras de acondicionamiento y seguridad, con el respaldo de informes técnicos, y ofreció el Auditorio de Valladolid para enero”, según recoge Tribuna Valladolid. La Fiscalía no se ha pronunciado por el momento.
Díaz Pico, que ha llegado a calificar la cultura de la comunidad de “sectaria”, fue coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026, según recuerda elDiario.es. Antes que él, Gonzalo Santonja ocupó la Consejería durante cuatro años tras ser nombrado por Vox en 2022 y se mantuvo en el puesto cuando los consejeros de Vox salieron del Gobierno autonómico en 2024.
La exigencia de firmar el compromiso amplía a los cortometrajes un control que ya pesaba sobre los largometrajes y se inscribe en la ofensiva de Vox contra las iniciativas culturales de la región. Críticos del sector advierten de que, sin criterios públicos ni responsables identificados, la cláusula deja en el aire qué proyectos podrán acceder a las ayudas y cuáles quedarán fuera por decisión de la Consejería.