Francia arde contra la inflación y el deterioro de los servicios públicos

La República Francesa vivió este sábado una de sus mayores jornadas de movilización social de los últimos años. Convocada bajo el paraguas de la “vida cara” y en defensa de los servicios públicos, la protesta sirvió como prolongación y del movimiento de estudiantes de secundaria iniciado a finales de septiembre por la falta de profesores, el estado de las instalaciones y la infrafinanciación educativa, protestas que han sido duramente reprimidas en las últimas semanas. Al confluir con las demandas de sindicatos, docentes, sanitarios, algunos agricultores, jubilados y un nuevo intento de impulsar el movimiento de los Chalecos Amarillos, la protesta ha escalado tanto en asistencia como en combatividad. El Ministerio del Interior cifró la participación en 550.000 manifestantes en todo el país (110.000 en París), mientras que la CGT y los organizadores elevaron la cifra a 800.000 y contabilizaron hasta 1.750 acciones, concentraciones y manifestaciones. Otras ciudades como Toulouse (32.000 manifestantes según la prefectura), Lyon y Nantes (unos 20.000 cada una) y Rennes (entre 10.000 y 12.000) registraron también una fuerte afluencia de protestas. La jornada, celebrada el primer día de las vacaciones escolares de otoño y a seis meses de las presidenciales, fue histórica.

La respuesta del Estado fue de una dureza sin precedentes en la actual legislatura. El balance represivo consolidado del Ministerio del Interior eleva a 2.397 las personas detenidas, con un récord de 855 en París. El primer ministro, Sébastien Lecornu, admitió el sábado por la noche que “es un milagro que el balance no sea más grave”. Se han documentado lesiones graves de manifestantes causadas por la acción policial: un adolescente de 17 años perdió una mano en Saint-Étienne tras la explosión de una granada policial, y una joven de 17 años perdió definitivamente un ojo en Mulhouse depués de que la Policía le disparara con una granada de gas lacrimógeno. Además, un manifestante falleció en París por una parada cardiorrespiratoria. El presidente Emmanuel Macron se dirigió al país este domingo por la noche para condenar los hechos, calificando a los participantes en los disturbios de “facciosos procedentes de grupúsculos de ultraizquierda, unidos a numerosos delincuentes”, y afirmó que “nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”.

La jornada dejó imágenes de fuerte destrucción material y enfrentamiento con las fuerzas policiales que el Ejecutivo utilizó para criminalizar la protesta. En Limoges, el Ayuntamiento del siglo XIX, declarado monumento histórico, fue incendiado deliberadamente, provocando el derrumbe de su tejado y campanario; el prefecto local calificó el edificio como “en gran parte perdido”. En Lyon incendiaron la oficina de turismo y se registraron saqueos. En Marsella, Lille, Burdeos y Calais se produjeron intentos de asalto a ayuntamientos y prefecturas. En París, los enfrentamientos se concentraron en la Plaza de la República y los Campos Elíseos, con barricadas, coches calcinados y comercios saqueados. La Federación del Comercio estimó que unos 1.500 comercios resultaron afectados, con daños valorados en cientos de millones de euros. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, exigió al Ejecutivo que “deje de reprimir y responda inmediatamente a las reivindicaciones sociales”, y llamó a continuar la movilización hacia la jornada de huelga intersindical del próximo 5 de noviembre.

El Gobierno de Macron intenta contener la protesta combinando gestos hacia las “reivindicaciones legítimas” y una promesa de “mano dura” contra los disturbios. Lecornu anunció ayudas rápidas para los comerciantes, la posibilidad de que los prefectos prohíban ciertas concentraciones y una próxima reunión con partidos, sindicatos y estudiantes. Sin embargo, la magnitud de la movilización y la dureza de la respuesta estatal dejan abierto un escenario de lucha social sostenida a tan solo seis meses de las presidenciales.