El Gobierno francés impone toques de queda para contener la revuelta contra la carestía

El Gobierno francés ha desplegado este lunes su aparato represivo para contener la ola de disturbios que sacudió el país el pasado fin de semana. El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció tras una reunión de crisis la imposición de toques de queda parciales y localizados en París, Lyon, Niza y varias localidades del norte, que afectarán a la plaza de la República y Les Halles entre las 23:00 y las 06:00 horas. En Lille, Douai, Denain y Wattignies (Alta Francia), la prohibición de salir a la calle se aplicará de forma general de 20:00 a 06:00 horas. En cambio, en determinados distritos de París y en Niza, el toque de queda regirá de 22:00 a 06:00, pero estará dirigido exclusivamente a los menores de edad, que tendrán prohibido salir de sus casas en ese horario. Lecornu justificó estas medidas “zonificadas” argumentando que los disturbios del fin de semana se produjeron en “lugares muy concretos” y que el objetivo es “proteger los bienes, especialmente los comercios”.

El Ejecutivo de Macron ha optado por esta medida selectiva, en lugar de decretar el estado de emergencia generalizado, aunque Lecornu no ha descartado activarlo si la situación empeora. En paralelo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su dimisión a Macron tras admitir que la policía “había perdido el control” en algunas ciudades, pero el presidente la rechazó “dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual”.

La respuesta institucional a la movilización (que el sábado reunió a entre 550.000 y 800.000 personas contra la carestía, la inflación y el deterioro de los servicios públicos) ha sido contundente. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha elevado a 2.513 las detenciones practicadas, con 67 personas ya encarceladas, y ha ordenado extender de 48 a 72 horas la “detención preventiva” para facilitar “geolocalizaciones, escuchas telefónicas y reconocimiento facial”. El despliegue policial alcanzó los 60.000 efectivos el sábado, con actuaciones que dejaron una persona fallecida por parada cardiorrespiratoria en París, otro joven de 17 años que perdió una mano en Saint-Étienne por una granada policial (prohibida en un principio tras una tragedia similar en las recientes protestas de los liceos, y rehabilitada expresamente para las manifestaciones del 17 de octubre) y otra adolescente que perdió un ojo en Mulhouse por un bote de humo. Lecornu ha atribuido los disturbios a “facciones de la ultraizquierda” que, según él, buscan “desestabilizar el país antes de las elecciones presidenciales” de 2027.

La revuelta, sin embargo, no se limita a la metrópoli ni a las causas esgrimidas por el Gobierno. En el archipiélago caribeño de Guadalupe, las autoridades ya habían impuesto el domingo un toque de queda dirigido exclusivamente a los menores, de 20:00 a 06:00 horas, ante el temor a la extensión de las protestas. Cientos de ciudadanos se movilizaron el sábado en las dos principales localidades, Pointe-à-Pitre y Abymes, donde los manifestantes bloquearon varias carreteras e incendiaron infraestructuras de empresas. Los trabajadores denunciaron el encarecimiento de los carburantes y la creciente dificultad para acceder al agua potable, mientras los estudiantes se sumaron a las movilizaciones exigiendo mejores condiciones educativas.

El Estado justifica su represión con la “defensa del orden público”. El Ejecutivo cifra en 3.000 los comercios afectados por “saqueos y destrozos”, con pérdidas de “cientos de millones de euros”, según la Federación del Comercio y la Distribución. El Ayuntamiento de Limoges, un edificio del siglo XIX, quedó en gran parte destruido por un incendio que la Fiscalía Antiterrorista estudia asumir. Para paliar la situación, Lecornu ha anunciado que los trabajadores de los comercios afectados podrán acogerse desde este martes al paro parcial con una cobertura del 100%, además de un fondo de subvenciones para los comerciantes. Se trata de una socialización de las pérdidas que contrasta con la falta de respuestas estructurales a las causas que originaron la protesta: la inflación persistente (el diésel ha subido un 40% y la gasolina un 25% desde marzo, y los alimentos un 25% desde 2021) y el desmantelamiento de los servicios públicos.

La revuelta no ha terminado. Las organizaciones estudiantiles y los colectivos de Chalecos Amarillos han convocado un “acte II” para el próximo sábado 24 de octubre, y este mismo lunes ya se registraron bloqueos en la entrada del Museo del Louvre. En un contexto de crisis social y política a seis meses de las presidenciales, el Ejecutivo de Macron intenta combinar la mano dura policial con la defensa de la propiedad privada, mientras la clase trabajadora francesa apuesta por la movilización combativa como única vía para conquistar sus demandas materiales.