El nuevo plan antimigratorio de la administración alarma al sector financiero; la Casa Blanca desmiente los planes, pero fuentes internas los confirman.
Grecia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria negocian reabrir instalaciones en terceros países para enviar a personas con solicitudes de asilo denegadas que no pueden ser devueltas a sus lugares de origen.
El gobierno de Ulf Kristersson pacta un nuevo umbral salarial con la extrema derecha que deportará incluso a adolescentes que han crecido en el país y que han cumplido 18 años.
75 ONG alertan que el reglamento permitirá registros policiales sin orden judicial y convertirá a los servicios públicos en delatores, como ICE en EE.UU.
El centro de Busmantsi hacinó a refugiados en celdas sin agua mientras Alemania quintuplica las deportaciones a Bulgaria; el nuevo Pacto Migratorio consolida este modelo.
La Eurocámara entierra el derecho al asilo con los votos del PPE y la ultraderecha, permitiendo expulsar solicitantes de protección internacional a Estados con los que la UE tenga acuerdo.
El lujoso avión del magnate inmobiliario Gil Dezer ha sido utilizado dos veces para trasladar a palestinos desde Arizona a Tel Aviv en una operación gubernamental encubierta.
El nuevo plan europeo prioriza "decidir quién viene" y reducir llegadas, con acuerdos que intercambian cooperación represiva por inversiones, denunciado por Amnistía Internacional.
