Sanae Takaichi reactiva la ley de "cero residentes ilegales", con recompensas de 50.000 yenes a cambio de chivarse, generando un clima de acoso y tensión social.
El decreto que desarrolla la ILP condiciona el permiso a un control policial que asegure que “no representan riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública”.
Grecia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria negocian reabrir instalaciones en terceros países para enviar a personas con solicitudes de asilo denegadas que no pueden ser devueltas a sus lugares de origen.
El gobierno de Ulf Kristersson pacta un nuevo umbral salarial con la extrema derecha que deportará incluso a adolescentes que han crecido en el país y que han cumplido 18 años.
El centro de Busmantsi hacinó a refugiados en celdas sin agua mientras Alemania quintuplica las deportaciones a Bulgaria; el nuevo Pacto Migratorio consolida este modelo.
La Eurocámara entierra el derecho al asilo con los votos del PPE y la ultraderecha, permitiendo expulsar solicitantes de protección internacional a Estados con los que la UE tenga acuerdo.
