Colectivos de derechos humanos alertan de que varios reclusos se encuentran en riesgo de muerte tras más de 200 días de huelga de hambre. Reclaman presión internacional para detener la tortura sistemática en las prisiones de alta seguridad.
Denuncia un traslado punitivo y reclama el respeto a sus derechos básicos, mientras organizaciones solidarias exigen su retorno inmediato a una prisión donde pueda ejercer su defensa.
Denuncian la falta total de atención médica adecuada para la prisionera política comunista, expuesta a un deterioro físico y psicológico grave bajo custodia estatal.
Adrián y Javitxu recuperan la libertad, pero Imad y Daniel continúan encarcelados; la condena económica millonaria y las leyes punitivas mantienen la presión sobre el movimiento antifascista.
