El detenido durante las revueltas populares de 2024 falleció el pasado 6 de febrero en un centro penitenciario de Borgoña, sin que sus familiares fueran informados hasta tres días después.
Su entorno denuncia que no le permiten comunicarse con su compañero ni ser trasladada a un hospital; juristas internacionales alertan de una vulneración “grave y estructural” de derechos.
Acusan al Estado español de mantener encarcelada a una mujer con enfermedad grave e incurable, condicionando su libertad a un arrepentimiento ideológico ilegal.
Un nuevo informe documenta torturas sistemáticas, hambre y abusos sexuales en campos de concentración israelíes, prácticas respaldadas por el sistema político, judicial y penitenciario de Israel.
Desde la pandemia, empresas privadas se han embolsado más de un millón de euros ante la falta crónica de sanitarios, en lo que informes señalan como una práctica ilegal.
CSIF, CCOO y UGT lo ven "insuficiente" y reclaman que se autorice a los funcionarios utilizar material antidisturbios. 2024 registró un total de 312 quejas por malos tratos físicos o psicológicos en prisiones catalanas, un 38% más que en 2022.
Mohamed Choulli murió un año después en un incendio en Puig de las Basses, tras denunciar agresiones y tráfico de móviles por parte de los funcionarios.
