Este lunes, un tribunal de Hong Kong ha dictado sentencias contra 45 opositores al gobierno chino, entre ellos el académico Benny Tai, quien recibió una condena de 10 años. Los acusados participaron en unas elecciones primarias no oficiales en 2020 para seleccionar candidatos opositores al Consejo Legislativo. Según la fiscalía, esta acción “buscaba bloquear presupuestos gubernamentales y desestabilizar el liderazgo de la ciudad”, lo que llevó a las autoridades a considerarlo “un caso de subversión” bajo la ley de seguridad nacional promulgada por China en 2020.
El juicio, que ha durado 118 días, se desarrolló bajo condiciones especiales que excluyeron el juicio por jurado y limitaron la concesión de fianzas. De los 47 acusados, 31 se declararon culpables, lo que resultó en penas más leves. Entre las condenas más severas se encuentran las de Joshua Wong, con cuatro años y ocho meses, y Owen Chow, con siete años y nueve meses. Las críticas internacionales se han centrado en la aplicación de la legislación de seguridad nacional y su impacto en las libertades políticas de la región.
Las sentencias han generado reacciones de gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan “un retroceso en las libertades políticas de Hong Kong”. Australia, entre otros, ha protestado formalmente por la condena de sus ciudadanos implicados. Mientras tanto, las autoridades locales continúan ampliando la legislación de seguridad nacional, consolidando el control sobre actividades consideradas subversivas y limitando aún más el margen para la oposición política en el territorio.
Estatus de Hong Kong
Hong Kong es una región administrativa especial de la República Popular China que, tras haber sido colonia británica durante más de 150 años, fue devuelta a Pekín en 1997, pero bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Este acuerdo garantizaba un alto grado de autonomía a la ciudad, con un sistema legal independiente y algunos derechos políticos liberales que no existen en el resto de China, durante al menos 50 años. Sin embargo, en los últimos años, Pekín ha aumentado su influencia sobre la región, implementando leyes de seguridad nacional y otras medidas que muchos consideran “un debilitamiento de esas libertades”, generando tensiones políticas y sociales significativas.