Arranca la tramitación para reducir la jornada laboral

La medida impulsada por Yolanda Díaz se enfrentará a desafíos en el Congreso de los Diputados, tras la ruptura de las negociaciones entre la patronal y sindicatos.

Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, en un consejo de ministros.
Foto: @Yolanda_Diaz_

El Ministerio de Trabajo del Gobierno español, liderado por Yolanda Díaz, ha iniciado la tramitación urgente para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta medida, fruto de un preacuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, se produce sin el apoyo de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que abandonó la mesa tras 11 meses de negociaciones infructuosas. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, “la negativa de la patronal a pactar representa una falta de compromiso en un contexto marcado por la automatización y la inteligencia artificial”. Por su parte, la CEOE considera que “la medida carece de viabilidad económica y advirtió que un acuerdo sin consenso no garantiza éxito legislativo”.

La “ruptura” con la patronal implica varias consecuencias inmediatas. El texto, al no contar con la aprobación de la CEOE, prescindirá de incentivos como ayudas a pymes, lo que podría dificultar la implementación para las pequeñas empresas, y, por tanto, podría no aplicarse en gran parte del tejido productivo del Estado español. Aun así, el Ministerio de Trabajo busca acelerar el proceso normativo, solicitando una tramitación urgente en el Consejo de Ministros y estableciendo un calendario para lograr la aprobación parlamentaria antes de fin de año. Sin embargo, expertos señalan que este enfoque podría enfrentarse a obstáculos en la Cámara Baja, donde la falta de apoyo de la patronal puede complicar una mayoría suficiente.

La situación subraya la fragilidad política de la medida. Aunque los UGT y CCOO respaldan la reforma, el Gobierno deberá convencer a partidos clave como Junts y PNV, cuya postura será determinante. La CEOE confía en que esta división ralentice o incluso bloquee el proceso, mientras Díaz inicia contactos intensivos con sus socios parlamentarios. La disputa, marcada por la ausencia de consenso tripartito, saca a flote las tensiones inherentes a una medida que, aunque relevante en un mercado laboral en transformación, enfrenta resistencias económicas y políticas significativas.