El Tribunal Constitucional de Rumanía ha ordenado este jueves el recuento de los 9,4 millones de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, en las que el candidato independiente de extrema derecha supuestamente cercano a Rusia, Calin Georgescu, obtuvo el 23% de los votos y se impuso contra todo pronóstico. La decisión responde a una solicitud del candidato Cristian Terhes, del Partido Conservador Nacional Rumano, quien denunció “irregularidades” en el conteo de los votos de Elena Lasconi, segunda clasificada y representante de la Unión para Salvar Rumanía (USR). Lasconi venció por un estrecho margen al primer ministro saliente, Marcel Ciolacu, quien dimitió tras el varapalo electoral.
Por su parte, Georgescu ha optado por no hacer declaraciones, limitándose a afirmar a través de su equipo de comunicación que “es una decisión que no vamos a comentar”. Mientras tanto, Liviu-Ionut Mosteanu, líder de la USR en la Cámara de Diputados, ha criticado duramente la decisión del Constitucional, afirmando que “algunas personas quieren conservar el poder a cualquier precio”. Mosteanu también ha advertido de que “lo que está haciendo el Constitucional es jugar con fuego en una gasolinera”, subrayando los riesgos que esta medida supone para la estabilidad del país.
Además, persisten dudas sobre la financiación de la campaña de Georgescu, quien declaró cero gastos al basar su estrategia en redes sociales, especialmente TikTok. Sin embargo, el candidato Sebastian Constantin Popescu presentó una denuncia alegando “financiación ilegal” y señalando que el candidato habría recibido “fondos del extranjero”. La Autoridad Electoral ha remitido el caso a la Fiscalía para investigar posibles irregularidades. La resolución del recurso está prevista para este viernes, a pocos días de las elecciones parlamentarias del 1 de diciembre y una semana antes de la segunda vuelta presidencial.
