Nicolas Sarkozy salió este lunes 10 de noviembre de la prisión de La Santé tras 20 días de detención, después de que la corte de apelaciones de París admitiera la petición de su puesta en libertad bajo control judicial. Según informó la Agence France-Presse (AFP), el expresidente abandonó la prisión en un vehículo con ventanas tintadas escoltado por motoristas de la policía, cumpliendo así el fallo judicial que modifica su situación penitenciaria.

La corte impuso medidas "restrictivas" que incluyen la "prohibición de entrar en contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin", después de constatar la "capacidad [de Sarkozy] de accionar diferentes servicios del Estado" como expresidente. El entorno de Darmanin aseguró ante AFP que "el guardasellos respeta siempre las decisiones de la justicia". También se le prohíbe contactar con los demás acusados y con el gabinete del ministro, además de quedar sujeto a "prohibición de salir del territorio francés".

Sarkozy había sido condenado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión firme por "asociación de malhechores" en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. El tribunal correctional de París lo reconoció culpable de haber "conscientemente permitido a sus colaboradores gestionar con la Libia de Muammar Gaddafi para solicitar la financiación oculta de su campaña", según recoge la sentencia.

Durante la audiencia, Sarkozy declaró por videoconferencia que la detención "es dura. Es muy dura, ciertamente lo es para todo detenido, diría incluso que es agotadora". Su abogado, Christophe Ingrain, afirmó ante la prensa que la liberación es "una etapa" y que la siguiente será "el juicio en apelación" previsto para marzo. La visita de Darmanin a Sarkozy en prisión a finales de octubre había generado críticas por el "riesgo de obstáculo a la serenidad" del proceso, en palabras del fiscal Rémy Heitz.

Aunque Sarkozy lamente la "dureza" del régimen penitenciario, lo cierto es que durante su mandato entre 2007 y2012, el Estado francés vivió un endurecimiento sin precedentes de la política penal, con leyes que ampliaron las penas mínimas y facilitaron la "encarcelación preventiva". Esto fue criticado por diversos movimientos sociales y luchas anticarcelarias, puesto que no redujo la delincuencia y saturó el sistema carcelario, un problema que el país galo arrastra hasta hoy.